La ley de amnistía se enfrenta a su último paso, Europa. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra esta semana las dos primeras vistas para determinar si la ley vulnera el derecho de la Unión sobre malversación y terrorismo. La ley llega a Europa por las dudas de los tribunales españoles. En concreto, el TJUE ha recibido cuatro cuestiones perjudiciales sobre su compatibilidad con el Derecho Comunitario.
Los 15 jueces que componen la Gran Sala deberán escuchar las posiciones de las partes y la opinión de la Comisión Europea, que cuando se tramitó la ley hace poco más de un año, pidió información detallada al Gobierno de Pedro Sánchez y se comprometió a elaborar un dictamen sobre la compatibilidad de la norma con la legislación comunitaria. Si bien, ese dictamen nunca llegó a emitirse.
El TJUE celebrará dos vistas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebrará dos vistas el martes, una por la mañana y otra por la tarde. La de por la mañana, a partir de las 9:00 horas, será la que escuche la cuestión remitida por el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otras personas para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 declarado ilegal.
El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de manera conjunta a los 35 encausados. Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) reclama cinco millones de euros a 11 excargos del Govern. El Tribunal de Cuentas ha presentado al TJUE ocho cuestiones prejudiciales y mantiene a casi 40 ex altos cargos de la Generalitat encausados. Para el Tribunal, "sin ninguna duda" las actuaciones de estas personas han ocasionado "un riesgo o perjuicio potencial en los intereses financieros de la UE".
En la sesión de la tarde, a partir de las 15:00 horas, los miembros del TJUE escucharán la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Gran Sala tiene que explicar su la amnistía contravendría el Derecho comunitario.
Cabe recordar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a pedir condenas de 248 años a los CDR. La clave de la ley está en la salvaguarda que aparece en el texto de la amnistía que excluye de su ámbito de aplicación aquellos delitos de terrorismo con resultado de muerte o graves violaciones de derechos humanos, por lo que es "terrorismo de baja intensidad", algo "inadmisible" para la Audiencia Nacional.
Según Bruselas es una "autoamnistía"
Bruselas emitió el llamado informe sobre el Estado de derecho en los países de la UE en el que se hizo eco de la controversia y apuntó que la amnistía había sido avalada por el Tribunal Constitucional. Después, de cara a la vista del Alto Tribunal envió unas orientaciones de cara a la vista del Tribunal de Cuentas en las que se cuestiona el interés general y advierte de que "parece constituir una autoamnistía" porque fue parte de "un acuerdo político" para investir a Pedro Sánchez.
Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, no hay afectación directa de intereses económicos de la Unión Europea, pero advierte de que el Derecho comunitario se opone a una legislación nacional que "impone un plazo imperativo de dos meses" para decidir sobre la aplicación de la amnistía.
La sentencia llegará en otoño
En función de la decisión de la UE se verá si el Tribunal Supremo puede pedir de nuevo la extradición de Carles Puigdemont y si los CDR se libran de la cárcel, aunque la sentencia no va a llegar hasta dentro de unos meses. Si se pone el foco en el tiempo que tarda el TJUE en responder a las prejudiciales -entre un año y 15 meses- se espera que la sentencia de la amnistía se emita en otoño.
