La renovación de la JEC, órgano permanente encargado de velar por la transparencia, limpieza y objetividad de los procesos electorales, estaba pendiente desde hace más de un año, ya que la ley establece que debe renovarse al inicio de cada legislatura.
Está compuesta por quince miembros, ocho son magistrados del Tribunal Supremo y otros cinco son catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología en activo, designados a propuesta de los grupos parlamentarios del Congreso.
Además forman parte de la JEC el director de la Oficina del Censo Electoral, así como el Secretario General del Congreso que actúa como secretario de la misma.
En su primera reunión de mañana, los nuevos vocales elegirán a su presidente y vicepresidente entre los ocho miembros de la JEC designados por el Tribunal Supremo.
La semana pasada, la Mesa del Congreso dio luz verde a los cinco candidatos propuestos por el PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para la renovación de la Junta Electoral después de que la Comisión de Nombramientos de la Cámara también avalara su idoneidad.
El PP ha propuesto al catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado, y a Lourdes Nieto López, también catedrática de Ciencias Políticas por la UNED.
Por su parte, el PSOE ha designado a Ángela Figueruelo, también catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, mientras que Unidos Podemos ha propuesto a Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Navarra.
Ciudadanos, por último, ha elegido al catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor.
La JEC, con sede en el Congreso de los Diputados, es el árbitro de los procesos electorales desde que se convocan los comicios hasta que se proclaman los resultados definitivos.
Durante ese tiempo y también entre elecciones, la Junta interpreta y hace cumplir la normativa electoral y decide cuestiones tan concretas como el tiempo de propaganda gratuita de los que disfruta cada partido en los medios públicos, en este caso la televisión pública catalana TV3.
También tiene la facultad de imponer sanciones a quienes se salten la ley y de velar por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales de los partidos en liza durante la campaña electoral.