El Gobierno se pronuncia sobre el aplazamiento de la deuda de Plus Ultra que se produjo en octubre de 2020, cuando la Seguridad Social concedió a la aerolínea una demora de cerca de 452.000 euros, requisito obligatorio para llegar al rescate que finalmente se produjo por 53 millones de euros.
Así, fuentes del Ministerio de Seguridad Social afirman que la competencia para tramitar los aplazamientos de deuda se encuentra dentro de la Tesorería General de la Seguridad Social, y que estos procedimientos se realizan con el "máximo rigor" y la legalidad vigente, y especifica que se produce "sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta".
Además, subrayan que se trata de una herramienta "habitual" que piden muchas empresas, incrementándose el número de solicitudes durante la pandemia, con más de 137.000 aplazamientos en 2020, el doble que en 2019. El Ministerio asegura que las empresas tienen que acreditar "dificultad transitoria de liquidez" y su "viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento".
Sobre el caso concreto de Plus Ultra, desde el Ministerio insisten en que se hizo de acuerdo a la normativa vigente del momento y de manera "normal". "Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago", afirma el Gobierno, que concluye señalando que los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de manera automática y no son concedidos por un funcionario en concreto.
La reunión Zapatero-Escrivá que señala el auto del juez
La explicación del Gobierno llega después de que el juez Calama reflejase en su auto de imputación a Zapatero una reunión entre el expresidente y José Luis Escrivá, por entonces ministro de Seguridad Social. Dicho encuentro se produjo el 7 de septiembre de 2020 y quedó reflejado en un mensaje intervenido durante la investigación que se remitió a Koldo García, exasesor de Ábalos. "Está Zapatero reunido ahora mismos con el ministro de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo", le escribió un cargo de Transportes.
La reunión tiene un papel relevante para el magistrado, puesto que solo un mes después fue cuando se le concedió a Plus Ultra el aplazamiento de la deuda, que a su vez era requisito para acceder al rescate por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Además, el juez destaca que la aerolínea había presentado con anterioridad certificados que acreditaban estar al corriente con la Seguridad Social, que informó de manera posterior de dicha deuda aplazada.
Se trata de uno de los indicios que fundamentan el auto del juez por el que sostiene que había un presunto tráfico de influencias para facilitar el rescate público de Plus Ultra.
