La Fiscalía pide al Supremo que siga investigando a Griñán

El fiscal solicita a la Sala de lo Penal del alto tribunal que desestime el recurso de Griñán contra el auto del instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, en el que mantuvo su competencia de la causa respecto al expresidente andaluz.

Alberto Jorge Barreiro pidió que se tramitara los suplicatorios para inculpar a los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.

Finalmente el tribunal pidió solo el de Viera al Congreso al estimar que no es necesario para los demás investigados relacionados con este aforado, al haber renunciado Griñán a su escaño como senador del PSOE y Chaves y Zarrías a los suyos como diputados del mismo grupo en el Congreso.

Griñán ha instado la nulidad de dicho auto alegando que Alberto Jorge Barreiro carece de competencia y al entender que es la Sala de Admisión del Supremo la única que puede resolver sobre su continuidad o exclusión en el procedimiento que se sigue ante este tribunal tras perder su condición de aforado, de lo que discrepa la Fiscalía.

El fiscal recuerda que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra diputados y senadores".

El precepto añade que "se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciar".

La Fiscalía explica que de esto supone que "una vez que ha sido designado el instructor éste procederá con las mismas facultades que otro de cualquier procedimiento penal".

"Por consiguiente es competente para incoar el procedimiento que se trate y resolver conforme a las normas procesales ordinarias cualquier clase de cuestión procesal que pudiera plantearse, incluida la competencia", argumenta el fiscal.

Recuerda que en estos términos se ha expresado ya la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con lo que "el marco normativo muestra que las consideraciones del recurrente sobre la supuesta competencia de la Sala de Admisión carecen de apoyo legal alguno".