La Fiscalía pide siete años de cárcel para el diputado de ERC y exalto cargo del Govern, Josep Maria Jové, y seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O.
Modalidad agravada de malversación
En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del "procés" descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.
El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.
