El Gobierno ultima el nuevo plan de respuesta al impacto económico de la guerra contra Irán con la premisa de limitar su contenido a aquellas medidas que cuenten con un respaldo suficiente en el Congreso.
Así lo trasladó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles que dejó claro en los pasillos del Congreso que el Ejecutivo no llevará adelante iniciativas que puedan comprometer la aprobación del decreto ley previsto para este viernes.
Montero defendió que el objetivo es evitar un escenario de bloqueo parlamentario, especialmente tras experiencias recientes en las que algunas medidas del denominado escudo social no lograron el respaldo necesario. "No vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen", ha resumido, subrayando la necesidad de asegurar una mayoría.
La titular de Hacienda incidió en que el Ejecutivo busca que ninguna propuesta se convierta en un obstáculo para los socios habituales, teniendo en cuenta la incertidumbre sobre el apoyo de los partidos de la oposición. En este contexto, el Gobierno opta por una estrategia pragmática que prioriza la viabilidad parlamentaria frente a la inclusión de medidas más ambiciosas.
Negociación abierta dentro del Gobierno
Pese a esta voluntad de consenso, las discrepancias persisten dentro del propio Ejecutivo de coalición. Las negociaciones entre el PSOE y Sumar continúan abiertas, especialmente en materia de vivienda, uno de los puntos más sensibles del paquete anticrisis.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró este miércoles que el decreto incluirá "seguro" medidas relacionadas con la vivienda, mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, rebajó esa expectativa al señalar que aún se está trabajando en ello. Esta divergencia refleja las tensiones internas sobre el alcance del plan.
Desde Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, intensificó la presión para que se incorporen medidas de protección a los inquilinos, como la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y la congelación de las rentas. Estas iniciativas buscan dar cobertura a una parte significativa de la población afectada por la subida de precios.
La respuesta de los socios
El debate sobre la vivienda también ha generado reacciones entre los socios parlamentarios del Gobierno. Formaciones como EH Bildu y Compromís se han alineado con Sumar en la necesidad de incluir medidas específicas para proteger a los inquilinos, instando al PSOE a no eludir esta cuestión.
Sin embargo, otras fuerzas han mostrado reticencias. Junts ya ha advertido de que no respaldará iniciativas que, a su juicio, puedan interpretarse como un intento de "blanquear la okupación", en referencia a la posible prórroga de la moratoria de desahucios.
En una línea similar, el PNV ha pedido al Ejecutivo que evite propuestas que considere "extremas" y que no ponga en riesgo la aprobación del decreto. Estas posiciones evidencian la complejidad de articular un paquete de medidas que satisfaga a un espectro parlamentario amplio y diverso.
Las medidas que incluirá el decreto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este miércoles a la "tranquilidad y paciencia" mientras se ultiman los detalles del decreto, que combinará medidas coyunturales y estructurales para hacer frente al impacto de la crisis.
Entre las medidas coyunturales, se prevé la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, una fórmula ya aplicada en el pasado para mitigar el impacto en la factura de la luz. Asimismo, el Ejecutivo estudia nuevas fórmulas para amortiguar el encarecimiento de los carburantes, tras la limitada eficacia de bonificaciones anteriores.
En paralelo, el plan incluirá iniciativas de carácter estructural orientadas a reforzar la autonomía energética del país y mejorar su capacidad de resistencia ante crisis externas. Con este enfoque, el Gobierno busca no solo paliar los efectos inmediatos de la situación internacional, sino también avanzar en la transformación del modelo energético.
