El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha terminado el juicio del caso mascarillas con un alegato que ha reconfortado a muchos de los ciudadanos que lo han escuchado y ha devuelto en cierta medida la fe en una justicia cada vez más en entredicho. Y precisamente ese ha sido uno de los ejes centrales, cómo todas estas prácticas están erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Durante su informe final, Luzón ha advertido de la gravedad de los hechos juzgados, que enmarca en una "corrupción orgánica, organizada y continuada". "No solo estamos hablando de daño a la libre competencia o al normal funcionamiento de la administración pública", ha explicado, en unas conductas "nada menos que desde un Ministerio del Gobierno de España" que socavan la percepción de los ciudadanos.
Impacto en la confianza institucional
El fiscal ha subrayado que este tipo de prácticas "disminuyen la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten, poniéndolas a su servicio". A su juicio, este fenómeno "deslegitima el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes".
En su intervención, también ha criticado aquellas actuaciones que, desde el ámbito público, "normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas", al considerar que contribuyen a agravar el problema.
Llamamiento a una respuesta contundente
"La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático", ha sentenciado Luzón, quien ha defendido la necesidad de una "reacción contundente" para frenar este deterioro institucional.
Por todo ello, el fiscal ha pedido a la Sala que imponga las penas solicitadas por la Fiscalía, al considerarlas "proporcionales y disuasorias" ante la gravedad de los hechos analizados durante el juicio. Según ha indicado, además de su función represiva, las sanciones penales cumplen también un papel preventivo clave frente a este tipo de conductas.
