El Estado se plantea expulsar a un referente del colectivo musulmán por delito de terrorismo

Attaouil es, a su vez, presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik, de Salt (Girona) y uno de los impulsores de la construcción de la mezquita en esta población, y el Gobierno central le acusa de terrorismo, ha informado TV3.

Según el documento, fechado a 8 de junio de este año, su expulsión se haría para evitar posibles atentados, y la propuesta policial asegura que la conducta del líder supone un "riesgo significativo y concreto para la seguridad pública".

"La naturaleza y gravedad de los hechos por los que está investigado demostrarían que existe una clara tendencia del interesado a proseguir esa conducta en el futuro, por lo que se puede afirmar sin ninguna duda que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para intereses fundamentales de la sociedad", añade.

La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, alega que Attaouil es un referente de la comunidad musulmana catalana, en la que actúa también como "líder del movimiento salafí" del territorio.

En el texto, le acusa de estar relacionado con personas detenidas en otros países, así como con miembros de la ONG Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), que considera "principal financiadora de centros islámicos desde los que se expande el salafismo por toda Europa".

"Durante los últimos años, han sido numerosas las manifestaciones públicas de Attaouil que muestran su elevado nivel de radicalidad", dice el documento, que le vincula con unidades de policía religiosa islámica en Salt, que no se han materializado.

Rebaja de su "nivel de radicalidad"

"Si bien en los últimos tiempos Attaouil ha rebajado mucho su nivel de radicalidad en público no ha sido así en su círculo privado, ya que no permite que la comunidad musulmana adquiera ningún propiedad a través de un préstamo en el que haya que pagar intereses, argumentando que el Corán lo prohíbe expresamente", dice, algo que el acusado niega.

Según la policía, si tira adelante, se trataría de una expulsión administrativa atendiendo a la Ley de Extranjería: "Antes de pasar por la cárcel", tengo que pasar por el juez, reclama el afectado en declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press.