Los hechos imputados se basaban fundamentalmente en que decenas de enfermos no recibieron los nuevos fármacos que podrían haberles curado. La querella afectaba también al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Agencia Española del Medicamento.
"El objeto de la querella, de gran extensión y con abundante base documental, se refiere, esencialmente, a la situación que padecen las personas afectadas por el virus de la hepatitis C, denunciándose la actuación del Gobierno, incluyendo a la querellada en su etapa como Ministra de Sanidad", dice el Supremo.
El alto tribunal considera, por un lado, que el ejecutivo y los poderes públicos no están obligados a producir un resultado de salud sino a garantizar la protección de la misma.
Además, añade el Supremo que "no concurren los requisitos" para considerar "la comisión por omisión de un delito de homicidio o de lesiones".
