CASO CERDÁN

El cuñado de Cerdán cobró más de 61.000 euros de Servinabar por trabajos de albañileria

Antonio Muñoz Cano, cuñado del exsecretario de Organización del PSOE, recibió pagos de la constructora Servinabar 2000 SL entre 2019 y 2022 por un importe total de 61.672,11 €.

➡️La hermana de Santos Cerdán habría cobrado 22.000 euros de la empresa navarra Servinabar

Tomás Sanjuán

Madrid |

 El diputado socialista Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados.
El diputado socialista Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. | Agencia EFE

Nuevos documentos fiscales incorporados al caso Cerdán revelan que Antonio Muñoz Cano, cuñado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió pagos de la constructora Servinabar 2000 SL entre 2019 y 2022 por un importe total de 61.672,11 €.

Otro familiar más que se habría beneficiado, ya que ayer conocimos que su hermana, Belén Cerdán León, también percibió 22.200,84 euros durante 2020 por labores administrativas.

Según los registros tributarios de la Hacienda Foral de Navarra remitidos al Tribunal Supremo, Muñoz Cano cobró: 3.363,36 € en 2019, 16.256,12 € en 2022, 21.233 € en 2021 y 20.819,63 € en 2022.

Unos pagos que, según la defensa de Cerdán, se efectuaron porque su cuñado es albañil de profesión y desempeñó trabajo real en las obras ejecutadas por Servinabar.

Las adjudicaciones en Navarra

Servinabar 2000 SL está siendo investigada por su presunta implicación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas en Navarra. De hecho, Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Además, la Guardia Civil ha descubierto una escritura privada que atribuye a Cerdán la adquisición del 45 % de Servinabar, 1.350 participaciones sociales, en junio de 2016, aunque él niega la validez jurídica de dicha operación.

Por su parte, el juez instructor ha prorrogado el caso seis meses más, citando el "significativo volumen de material intervenido" durante los registros.

La justificación de que se trata de un empleo profesional queda ahora bajo escrutinio judicial, pero refuerza esos indicios de clientelismo y presuntas irregularidades en contratos públicos que se están investigando.