El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la inmigración como un elemento "esencial" para el crecimiento económico y el futuro demográfico de España. Sin embargo, durante su intervención ha dejado una afirmación que ha llamado la atención porque no encaja con uno de los principales argumentos que suele utilizar el Ejecutivo.
En el acto de presentación del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional "¿De dónde vienen? Vienen de hacer país", Sánchez puso como ejemplo a Extremadura para desmontar el discurso que vincula inmigración e inseguridad.
"Pongamos por ejemplo el dato de una comunidad autónoma como es Extremadura, con el menor porcentaje de población extranjera de España, apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país y la que más barata tiene la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler", ha afirmado el presidente.
La referencia a Extremadura
La reflexión ha sorprendido porque el propio Sánchez suele defender que la inmigración contribuye al desarrollo económico, ayuda a sostener el Estado del bienestar y es una herramienta para combatir el reto demográfico. Lo cual invita a pensar que se ha tratado de un lapsus puntual. De hecho, durante el mismo discurso ha insistido en que España necesita población inmigrante para mantener su crecimiento y afrontar el envejecimiento de la población.
Precisamente, Extremadura es la comunidad autónoma con menor peso de población extranjera, una circunstancia que también está relacionada con sus problemas de despoblación y pérdida de habitantes. Diversos estudios sitúan a la región como la que registra un menor porcentaje de trabajadores nacidos fuera de España y advierten de que la inmigración será clave para compensar el envejecimiento de la población activa.
La defensa de la inmigración
Sánchez también ha sostenido que el 22% del crecimiento del PIB español está vinculado a la contribución de la población migrante y que, en un escenario sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 32% en 2070. Además, rechaza el llamado "efecto llamada", asegurando que las llegadas irregulares han descendido un tercio respecto al mismo periodo del año anterior y más de un 70% en Canarias.
