Este jueves llega al Pleno del Congreso la proposición de ley para la reforma del Código Penal eliminando el delito de sedición y rebajando las penas de la malversación. La iniciativa propuesta por PSOE y Unidas Podemos aprovecha también para intentar desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Recurso de amparo del PP al Constitucional
Estos cambios en las leyes orgánica del Poder Judicial y del Constitucional son los que el Partido Popular intenta frenar con su recurso que presentó ayer ante el propio Tribunal Constitucional.
La reforma del Poder Judicial incluye dos maniobras para consumar la renovación del Constitucional. Por una parte, eliminar el requisito del placet del propio Tribunal a los dos magistrados elegidos el Gobierno -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa-.
Además, el Gobierno pretender eliminar la mayoría de tres quintos (11 votos) a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Los servicios jurídicos del Congreso expresaron sus reservas
Jueces y magistrados admiten que este atajo legislativo -realizado por la reforma express del Código Penal- es impropio para una cuestión tan relevante como esta. Los servicios jurídicos del Congreso han entregado ya su informe al respecto expresando sus reservas al procedimiento.
Ayer el Grupo Popular, utilizando estos argumentos, presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional pidiendo medidas cautelares. Le pide de esta manera que actúe hoy mismo y suspenda la tramitación de estas enmiendas, que no se voten.
Podría darse una situación sin precedentes
Por todo ello el Constitucional va a reunirse a las diez de esta mañana para estudiar el recurso del Partido Popular y decidir si lo admite a trámite y si, en ese caso, ve pertinente la medida cautelar, es decir, le dice al Congreso de los Diputados que frene y la votación que se tiene que producir hoy, en consecuencia, se suspende.
En el caso de que acabe el Constitucional comunicando al Congreso que la votación no se puede producir estaríamos ante una situación inédita, sin precedentes en el Parlamento español. Solo hay un precedente en el parlamento catalán precisamente durante el procès.
A la vez, lo que parece probable es que la renovación del Tribunal se acabe produciendo con las normas que hoy están en vigor. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial ya van avanzando en la tarea y tienen nombres sobre la mesa para decidir con qué dos se quedan.
Falta que el presidente en precario Rafael Mozo convoque el pleno para que se vote a ver qué dos reúnen los tres quintos que hoy son necesarios. Y, en ese caso, ya podría el Constitucional bendecir los dos magistrados que propone el Consejo y los dos que ha escogido el gobierno. Y lo siguiente sería ver si Sánchez alcanza su anhelado objetivo de tener de presidente del TC a Cándido Conde Pumpido.
Escritos presentados por el PSOE, Unidas Podemos y Vox
El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado en el Tribunal Constitucional un recurso para que no se paralice la tramitación de la reforma del Poder Judicial, como pide el PP, ya que aún no se ha puesto en marcha.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha declarado que espera que el Tribunal Constitucional no haga caso del recurso presentado ayer por el PP para paralizar la reforma y que primero se legisle la ley y después el tribunal haga su trabajo, no antes.
Junto al PSOE, ha presentado otro escrito Unidas Podemos en el que pide también personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.
Por su parte, Vox se ha sumado al PP y ha interpuesto un recurso de amparo solicitando al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda la tramitación parlamentaria de las enmiendas.
