La Guardia Civil recoge en su informe que Santos Cerdán remitió a Koldo García un documento con tres "peticiones" del PNV sobre el nombramiento de tres altos cargos públicos, justo después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018.
El documento, incautado por los investigadores y titulado "Peticiones nombramientos PNV", enumera tres solicitudes: "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente, mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional". También "Un puesto importante en Adif" y "un puesto importante en INI o SEPI".
La UCO señala que ese documento fue remitido por Cerdán a Koldo bajo ese título y añade: "Atendiendo al encabezado, al título del documento y al contenido del mismo, se aprecia que por parte de la formación política vasca PNV se le habría solicitado a Santos el nombramiento de tres cargos públicos, con motivo de la formación de Gobierno que se estaba llevando a cabo tras la moción de censura celebrada en 2018".
A continuación, los agentes incorporan mensajes de WhatsApp intercambiados en esas fechas entre Cerdán y Koldo García. En uno de ellos, del 16 de junio de 2018, Cerdán escribe: "Se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter alguno, nada será posible".
Dos días después, vuelve a insistir: "Que no se le ocurra poner en Adif a Teófilo Serrano".
En otra comunicación del mismo día, Cerdán añade: "Es de Navarra, mal tío y tengo muy mala información de él".
El informe continúa con la reconstrucción de las conversaciones entre Fernando Merino, directivo de Acciona, y Antxón Alonso (Servinabar), en las que ambos comentan los nombramientos que se estaban produciendo en el Ministerio de Fomento, entonces dirigido por José Luis Ábalos, y en empresas públicas como Renfe y Adif.
La Guardia Civil concluye en esa parte que la coordinación de nombramientos entre Santos y Acciona descrita en mensajes y documentos se habría desarrollado en junio de 2018, coincidiendo con la constitución del nuevo Gobierno.
En palabras de la UCO, esa coordinación "no se habría limitado a julio de 2018" y se enmarca en la misma red de relaciones que investigan por presunta corrupción en las adjudicaciones de obras públicas.
