Hace casi una semana se producía el rechazo parlamentario al denominado 'decreto ómnibus', Real Decreto-Ley que incluía la subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional o la suspensión de desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables, entre "muchas" otras medidas. Esta amalgama de iniciativas se vio derogada por la negativa de PP y Junts, cuyo voto estaba en duda, quienes exigían al Gobierno la separación de medidas para poder aprobar la revalorización de las pensiones.
Desde entonces, el Gobierno ha tratado de encontrar la fórmula para garantizar el incremento del 2,7% de las pensiones. Aunque desde el principio defendía aprobar un texto similar, todo apunta a que el Ejecutivo separará las iniciativas para recabar los apoyos parlamentarios necesarios.
La suspensión de desahucios, clave
La principal medida que provocaba el rechazo de Partido Popular y Junts era la suspensión de desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional, algo que, según ambos partidos, favorecía la "okupación ilegal" y perjudicaba a los pequeños propietarios.
La medida, aseguran desde el Gobierno, no habla de okupación, si no de vulnerabilidad. Explican que solo se aplicaría en casos muy concretos de personas vulnerables, fundamentalmente por situaciones de impago, no de ocupación violenta o ilícita.
Sumar ha buscado un acuerdo intermedio entre todas las partes. El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha insistido en presentar de nuevo el decreto sin separar la revalorización de las pensiones del escudo social, aunque están dispuestos a negociar con Junts cambios en las medidas antidesahucios sin dañar a las familias.
De esta forma, apuntan a que aceptarían separar la subida de las pensiones del resto de iniciativas siempre que se aprueben el mismo día en el Consejo de Ministros y se envíen conjuntamente al Congreso.
