El Gobierno ha logrado sacar adelante, con el apoyo de EH Bildu, la ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados. Para ello, los partidos han pactado diferentes enmiendas, entre las cuales destacan la ilegalidad de los tribunales franquistas y la anulación de todas las condenas realizadas en los mismos. Gracias a este acuerdo, el apoyo de ERC no resultará necesario, ya que el voto a favor de los parlamentarios de Bildu será suficiente para alcanzar una mayoría simple.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, comentó en una rueda de prensa este martes que el acuerdo pactado con el Gobierno aumenta de 1978 a finales de 1983 el límite de aplicación temporal para la ley. Esta fue aprobada en el Consejo de Ministros en junio del año 2021, y su tramitación acaba de ser reactivada. Según ha mencionado Aizpurua, este "avance relevante" hará que "abrir vías de reconocimiento y reparación a las víctimas (...) más allá de1978" sea posible.
Otros socios del Gobierno, como el PNV, Más País y Compromís, también se han mostrado a favor de la aprobación. ERC se ha abstenido en la votación realizada este martes, alegando que esto podía "facilitar que la negociación siga en comisión", aunque todavía podría cambiar de padecer antes de la votación final. Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han negado rotundamente el apoyo a la ley. La aprobación del dictamen se celebrará el 4 de julio, que posteriormente será sometido a votación a través de un pleno extraordinario la semana del 11 de julio.
Acciones contra los tribunales franquistas
El equipo de Unidas Podemos ha destacado que la mayor parte de las enmiendas, pactadas con el PSOE en la ponencia del martes, han podido salir adelante. Entre ellas, destacan la aplicación del derecho internacional que permitirá investigar y juzgar crímenes del franquismo, sin que la ley de amnistía de 1977 afecte.
Dentro de las enmiendas que EH Bildu ha podido pactar junto al Gobierno, Podemos remarca la "declaración de ilegalidad e ilegitimidad" de los tribunales franquistas que fueron constituidos a partir del año 1936, y "la nulidad de sus resoluciones". Este acuerdo contempla la creación de una comisión independiente que pueda ayudar a esclarecer "las violaciones de derechos humanos" que se llevaron a cabo en la época de la dictadura franquista "mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos".
El Gobierno también acatará dos medidas "especialmente simbólicas" para Aizpurua, como son el adecuamiento como lugar de memoria del fuerte de San Cristóbal en Pamplona y la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián. Estos lugares fueron utilizados como "cárcel franquista para presos políticos" y como zona "tortura" para miembros de ETA. La portavoz de Bildu ha calificado esta ley como la "más completa, ambiciosa y respetuosa con los derechos humanos".
Crímenes contra las lenguas cooficiales
Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha anunciado en una rueda de prensa que su partido ha logrado pactar varias enmiendas con el Gobierno. Estas estarían relacionadas con el callejero y con la consulta de documentos del patrimonio documental español. El PNV pretende evitar el "tapón" que estos ejercen actualmente sobre la ley de Patrimonio Histórico.
Por su parte el portavoz de PdeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha destacado la incorporación de enmiendas que muestran "avances" en el reconocimiento de las víctimas de las comunidades con lengua y cultura "catalana y vasca", cuyos usuarios "fueron perseguidos".
Héctor Gómez, portavoz del PSOE, ha afirmado que esperan poder continuar "avanzando, hablando y dialogando" con los diferentes grupos parlamentarios antes de que se celebre la comisión. Su partido político quiere "tener la ley más completa posible", sumando el "mayor número de apoyos". Aun así, se muestran "prudentes" sobre la redacción final de la ley, pendiente la votación que concluirá con la creación del texto.
