La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que exista una negociación bilateral con la Generalitat de Cataluña para la condonación de la deuda y ha asegurado que la voluntad del Gobierno es aprobarlo mediante una ley que beneficiará a todas las comunidades.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este lunes, la ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno para que la Administración central asuma parte de la deuda de todas las comunidades de régimen común que esté suscrita con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o con las entidades financieras.
Reuniones con todas las comunidades a partir de enero
Ha añadido que en enero se iniciarán las reuniones con todos los territorios para ver el efecto del ciclo financiero anterior y ha garantizado que la fórmula que se aplique será para el conjunto de los territorios.
"No me atrevo a saber cuándo estará en condiciones de ir al Congreso", ha precisado a continuación la vicepresidenta, que ha señalado asimismo que se trata de deuda viva sujeta a procesos de amortización con plazos de hasta 10 años.
Montero ha recordado que las comunidades autónomas acudieron al FLA porque los intereses y su calificación crediticia les impedía financiarse en los mercados, pero eso estableció una dependencia de las autonomías respecto del Gobierno para financiarse.
"Ahora queremos volver a la autonomía financiera", ha asegurado la titular de Hacienda, que ha precisado que "irá siendo una salida parcial para ir disminuyendo esa dependencia financiera".
Hacienda recortará el margen fiscal a las CCAA si el Senado tumba la senda de déficit
Montero también ha advertido a las comunidades de que el Gobierno les quitará la décima de margen que les ha dado para 2024 si el PP tumba en el Senado la senda de déficit que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
Montero ha explicado en rueda de prensa que cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que si la senda de déficit no es aprobada por ambas cámaras legislativas (como establece la ley de estabilidad presupuestaria), los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026 de abril.
De esta forma, las comunidades autónomas tendrían que reajustar sus cuentas para 2024 al equilibrio presupuestario (déficit cero) incluido en dicho programa, en lugar de al déficit del 0,1 % del PIB que se les ha comunicado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
De la misma manera, las corporaciones locales tendrían que llegar a un superávit del 0,2 % del PIB, en lugar de al equilibrio presupuestario que se les ha comunicado en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).
"Si otros juegan a torpedear los presupuestos del Estado yo no les voy a acompañar", ha asegurado la vicepresidenta cuarta, que ha afirmado que el Gobierno presentará las cuentas para el próximo año aunque la senda de déficit no sea aprobada por el Senado como es preceptivo.
Montero ha confiado en que el Partido Popular no vote en contra porque supondría "tirar piedras contra el tejado" de las catorce comunidades autónomas que están gobernadas o cogobernadas por ese partido, aunque ha considerado que ellas mismas se ponen palos en las ruedas porque en la reunión de hoy han votado en contra del objetivo de déficit del 0,1 % del PIB.
Si la senda de déficit fuera aprobada por ambas cámaras, Hacienda volvería a convocar una reunión del CPFF para discutir la posibilidad de establecer objetivos asimétricos por comunidades en 2024.
Montero ha asegurado que el Gobierno está por la labor, pero que ese debate no será fácil porque para que unas comunidades tengan más margen, otras tendrán que tener "objetivos más exigentes".
Techo de gasto y plan de reequilibrio presupuestario
Junto con la senda de déficit a tres años, el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero del Estado para 2024 (el techo de gasto de los presupuestos), una cifra que es informada a las Cortes pero que no requiere de su aprobación.
En el programa de estabilidad de abril el Gobierno fijó como metas de déficit público un 3 % del PIB para 2024, un 2,7 % del PIB para 2025 y un 2,5 % para 2026, en tanto que en el plan presupuestario de octubre confirmó la meta del 3 % para la elaboración de las cuentas del año que viene.
Montero tiene también previsto llevar mañana al Consejo de Ministros, para su posterior envío a Bruselas, un plan de reequilibrio en el que se desgrana "el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria" y se justifica que España no debe entrar de nuevo en procedimiento de déficit excesivo porque en 2024 prevé reducirlo al límite del 3 % del PIB.
