A día de hoy, el permiso parental retribuido de ocho semanas para el cuidado de los hijos menores de 8 años aún no se ha terminado de implementar en España.
Resumidamente, los permisos parentales retribuidos en nuestro país se establecen en: permiso de maternidad y paternidad de 16 semanas retribuidas para cada progenitor; permiso de lactancia y permiso parental de ocho semanas. Sin embargo, este último no está retribuido, a pesar de que lleva reconocido legalmente desde 2023.
Es por ello que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido formalmente incluir en el orden del día de la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) la aprobación de la retribución de al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental.
Así lo ha indicado en la rueda posterior al Consejo de Ministros, donde Díaz ha explicado que se trata de medidas que quedaron pendientes de la anterior legislatura y que el Gobierno debe aprobar cuanto antes.
El Gobierno pone fecha
En el caso de los permisos parentales, que incluirían también la ampliación de 16 a 20 semanas del que se disfruta tras el nacimiento o adopción, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que su intención es que se puedan empezar a disfrutar en septiembre.
"La retribución de los permisos parentales de cuidados y la ampliación de los permisos por nacimiento a veinte semanas es un compromiso negociado y recogido en el acuerdo de Gobierno", ha señalado Bustinduy. "Nuestra voluntad, como se ha hecho público, es que estén listos para la vuelta al cole en septiembre". Por tanto, asegura, el objetivo es que "en septiembre siete millones de progenitores puedan hacer uso de este derecho social".
9.000 euros diarios de sanción
El permiso de ocho semanas para dedicar al cuidado de los hijos hasta que cumplen ocho años ya está recogido en la ley de familias, pero se dejó pendiente su retribución, obligatoria al menos para la mitad del permiso (cuatro semanas) según establece la normativa europea.
El incumplimiento de la directiva europea de conciliación le cuesta a España 9.000 euros diarios de sanción, según ha recordado la vicepresidenta segunda, que ha añadido que pronto subirá a 43.000 euros diarios.
