La negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña para una financiación singular ha encendido las alarmas en buena parte del mapa autonómico. No solo en las comunidades gobernadas por el PP, donde la oposición era previsible, sino también en territorios bajo administración socialista como Castilla-La Mancha y Asturias, cuyos presidentes, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, han alzado la voz con inusitada contundencia.
El punto de fricción es la posibilidad de que Cataluña recaude y gestione el 100% del IRPF a través de su Agencia Tributaria, lo que muchos interpretan como un primer paso hacia un “cupo catalán” al estilo del sistema vasco y navarro. Para Page, se trata de un "despropósito" y de un "trato privilegiado" que rompe la igualdad entre territorios: “Es un atentado a la Constitución y una cesión al independentismo para mantener el poder”.
Desde Asturias, Barbón ha insistido en la necesidad de un debate multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ha advertido que su comunidad “no admitirá privilegios ni perjuicios” en materia de financiación. Más duro ha sido Adrián Pumares, de Foro Asturias, quien acusó al Gobierno de “aniquilar la solidaridad entre territorios” y criticó la “falta de liderazgo” de Barbón.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la comisión bilateral como “un atajo abocado al fracaso” y exige que cualquier reforma se debata en el CPFF. Mientras tanto, comunidades como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, esta última a través de Carlos Mazón (PP) y Compromís (socio del Gobierno), denuncian que una financiación singular para Cataluña supondría “romper la caja común” y perpetuar agravios históricos como la infrafinanciación valenciana.
Desde el Ejecutivo central, la vicepresidenta María Jesús Montero defiende que “no habrá ningún agravio”, y asegura que se busca “mejorar la financiación de todas las comunidades”. Sin embargo, las declaraciones de socios y barones reflejan una profunda fractura territorial dentro del PSOE y del bloque de investidura, que amenaza con convertirse en otro de los problemas que deberá gestionar el Ejecutivo.
