OPERACION HARTZA

Investigado por daños en la cueva de Lezetxiki, recientemente declarada como Bien Cultural de Protección Oficial

Una operación llevada a cabo por la sección de patrimonio histórico de la Ertzaintza ha permitido identificar al autor de unos daños producidos en la cueva, y le han abierto diligencias por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico y expolio arqueológico.

Onda Cero Bilbao

Bilbao | 04.08.2023 13:43

La operación “Hartza”, llevada a cabo por la Sección Central de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Ertzaintza, ha permitido identificar al autor de unos daños en la cueva de Lezetxiki, en Arrasate, declarada Bien Cultural de Protección Especial recientemente. La investigación se inició en febrero de 2023, tras detectar una rotura de la valla perimetral que protege la cueva, así como la realización de catas clandestinas para desenterrar posibles restos arqueológicos y también numerosas pintadas y grafitos en las paredes y techos.

Durante las pesquisas realizadas, se comprobó que una persona desconocida, equipada con material de espeleología había accedido al interior de la cueva sin permiso de la Diputación y había permanecido en su interior durante varias horas. Esta persona, un vecino de la localidad de Arrasate, está ahora acusado de un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico y expolio arqueológico.

Multas de hasta un millón de euros y penas de cárcel

Los delitos de daños contra el Patrimonio Histórico están recogidos en el artículo 323 del Código Penal, que castiga los daños o el expolio de bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, y contemplan la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

Además, el acceso no autorizado a cualquier yacimiento arqueológico, las intervenciones arqueológicas sin autorización de la Diputación Foral o el uso de detectores de metales en zonas arqueológicas pueden ser constitutivos de infracciones administrativas contra la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que recoge multas para sus autores de hasta 100.000 euros en los supuestos leves, hasta 250.000 euros en los graves y de hasta 1.000.000 de euros en los muy graves.