El exconcejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela entre 2019 y 2023, José Manuel Pichel, ha aceptado una condena de seis meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y el resto de las partes por el alquiler de una nave destinada a servicios de la concejalía que dirigía a una empresa de la que era accionista.
Según el escrito de conformidad, la sociedad Desproi, en la que el acusado desempeñaba funciones de administración, era propietaria de un local situado en el polígono de Costa Vella, en Santiago de Compostela.
Durante su etapa como edil del gobierno local, Pichel inició en 2021 las gestiones para encontrar un nuevo espacio donde trasladar las oficinas de su departamento, ubicadas hasta entonces en la antigua estación de autobuses. Tras diversos informes técnicos municipales, se propuso como alternativa el inmueble propiedad de Desproi en el polígono de Costa Vella.
Posteriormente, en la junta de gobierno local celebrada el 14 de septiembre de 2021, el entonces concejal votó a favor del arrendamiento de dichas instalaciones a la empresa Desproi para albergar temporalmente los servicios de parques y jardines y medio rural mientras se ejecutaban las obras de las nuevas dependencias en el recinto ferial de Amio.
Tras dimitir de sus responsabilidades en el ejecutivo municipal presidido por el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Pichel reconoció haber cometido un “error considerable” al no comunicar ni al alcalde ni al resto de integrantes de la junta de gobierno su vinculación con Desproi, aunque aseguró haber actuado “sin mala fe”.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tipificado en el artículo 439 del Código Penal.
El acuerdo contempla una pena de seis meses de prisión, una multa de 10 euros diarios durante un año y la inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, durante cuatro años. El escrito ya ha sido firmado y queda pendiente de ratificación judicial.
Sin responsabilidad para la junta de gobierno
En el marco de esta investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela también tomó declaración al entonces alcalde, Sánchez Bugallo, y a varios miembros de su junta de gobierno. Sin embargo, el pasado septiembre acordó el archivo de las actuaciones respecto a ellos al no apreciar indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias.
La magistrada sostuvo que las irregularidades detectadas en el expediente administrativo “carecen de la gravedad suficiente” para ser consideradas constitutivas de un delito de prevaricación y añadió que “carece de cualquier justificación” atribuir la condición de investigados tanto al exalcalde como a los integrantes de su gobierno municipal.
