El Sindicato de Inquilinas de Badajoz, Inquilinato Badajoz, ha destacado que, junto a toda la organización popular y ciudadana por el derecho a la vivienda, han conseguido suspender durante "al menos" dos meses la ejecución, prevista para este miércoles, del desahucio de Antonio, un vecino de Badajoz de 68 años que residía de alquiler en la Ronda Norte junto a su mujer y la madre de ésta.
Inquilinato Badajoz reconoce que "no es una victoria definitiva", pero que estos meses les dan "oxígeno para acumular fuerzas", mejorar la organización y "tener más poder de negociación" y, en declaraciones a Europa Press, su portavoz Daniel Ponte Balas, ha detallado sobre las circunstancias de Antonio que es fotógrafo de profesión aunque jubilado por un problema de visión y que cogió un piso en la Ronda Norte con su mujer y la madre de ésta última, que tiene unos 83 años.
Durante "muchos" años, cree que unos 10, ha estado viviendo en ese piso y "pagando religiosamente su alquiler", pero en un momento dado la propietaria lo vende a un fondo de inversión, con sede en Madrid, pero iniciado a partir de una matriz con sede en Reino Unido. "No se le puede decir estrictamente que sea un fondo de inversión extranjero", ha explicado Ponte, pero "ha habido unos movimientos" y "el capital que, a lo mejor ha ayudado a fundar ese fondo, no es una empresa nacional".
El "origen del drama" de Antonio es que la propietaria que vende el piso al "fondo buitre" no le informa de dicha venta y de que pasará a tener otro casero, de modo que dicho vecino "durante mucho tiempo" está pagando "religiosamente" su alquiler a la antigua propietaria, porque "nadie le dice nada" y "el fondo tampoco le reclama nada" y "parece ser" que se espera un tiempo y, "de repente", un día le reclaman una deuda de 30.000 euros que "no son capaces, evidentemente, de afrontar, porque es un dineral para casi que cualquiera".
"En estas circunstancias en las que se dan amenazas, se da cierta violencia en las llamadas que reciben, visitas un poco extrañas, a horas intempestivas, es decir, un poco de persecución por parte del fondo buitre para decirle a Antonio que o paga la deuda que tiene o se tiene que marchar", ha señalado, junto con que, al no poder este vecino abonar dicha cantidad, se inicia el trámite del desahucio que se ha conseguido aplazar.
Una vez iniciado ese trámite, Antonio, además del problema de visión que le obliga a jubilarse, "parecer ser" que en su día sufrió también un accidente isquémico y "le cuestan" determinados elementos cognitivos o de memoria y también "explicarse".
"A nivel psicológico es una persona que está mal de por sí y, aparte, con esto está mucho peor", ha indicado, de manera tal que se han dado unas circunstancias en él y en su situación que hacen que "no reaccione a tiempo para poder esquivar la situación que se le viene después", como haber podido denunciar a la propietaria por no informar al inquilino, "que es un deber legal que tiene", o conseguir que el "fondo buitre" le reclame a la anterior propietaria, en aras de intentar "poder escapar de esta situación" que tacha de "completamente injusta".
La orden de desahucio ha prosperado y su "agobio" le ha llevado "al único sitio donde ha podido refugiarse este tiempo, que es el Sindicato de Inquilinas de Badajoz", cuyos miembros y en concreto las compañeras que se dedican a la asesoría legal y a acompañar a las personas que están en esta situación han conseguido que, "mediando con la empresa y con el juzgado", el funcionario correspondiente haya valorado que "efectivamente ese desahucio se tiene que aplazar".
Una historia que, para Inquilinato Badajoz, es "bastante injusta", y en la que lo que ha ocurrido este martes "ha sido algo tan sencillo" como que una organización ciudadana cuyos miembros no cobran e incluso aportan dinero, además de su tiempo, ha conseguido que una persona "no se tenga que ir de su casa", porque "el propietario o la propiedad puede ser de un fondo de inversión, pero es la casa de Antonio, es donde vive Antonio" y "legalmente está sin reconocido".
"QUE DEJEN A ANTONIO EN PAZ"
Ante estos dos meses, Daniel Ponte ha adelantado que "de momento" lo que han conseguido con este aplazamiento desde el Inquilinato ha sido que Antonio "no se tenga que ir de casa mañana", cuando estaba previsto el lanzamiento, y que a este respecto van a ver cómo pueden, desde la organización, "aunar todas las fuerzas posibles para que no solo se aplace o se siga aplazando de manera indeterminada", sino que "dejen a Antonio en paz" y si hay una deuda o algún asunto de índole económico que solucionar se pueda solventar.
Ante ello, están seguros de que este "fondo buitre" tiene capacidad suficiente, "precisamente por el negocio al que se dedica", para poder "absorber de alguna manera este tipo de situaciones, al menos por el tiempo que corresponda", y "teniendo en cuenta que la Justicia valora que ese desahucio se tiene que aplazar". Así, confía en que "dejen en paz en un futuro" a Antonio, aunque "no va a ser fácil", porque "quien puede ganar dinero a costa de la miseria de los demás lo va a seguir intentando".
"Él respira por ahora", según Ponte Balas, que lo considera "un respiro para seguir trabajando", tanto para él como para las compañeras que le han estado ayudando en este tiempo. Su mujer y su suegra no estaban ya en el inmueble y se han desplazado "para evitar ningún problema" en el caso de que el desahucio se pudiera ejecutar "de una manera violenta o represiva contra Antonio".
"Respiramos, pero respiramos para seguir adelante y no solo conseguir que Antonio se quede en su casa, sino que a nadie más se le eche de su casa. Eso es algo que nos moviliza muchísimo más", ha expuesto, junto con que desde el Sindicato de Inquilinas llevan "mucho" tiempo diciendo que se tienen que paralizar todos los desahucios que estén vigentes y estudiar todos los casos, y que "el derecho a la vivienda está por encima del derecho a acumular propiedades para que a mí me paguen esas propiedades al precio que yo quiera".
Desde el Ayuntamiento de Badajoz, ha concluido, la solución habitacional propuesta a estas tres personas es que se vayan a una residencia, algo que "nadie querría" por "algo tan sencillo" como que quieren vivir en su casa, donde llevan haciéndolo diez años y tienen sus cosas. Y es que el consistorio, "en lugar de estar mirando por los pacenses y por los vecinos", hace lo propio con "escurrir el bulto" ante "un problemón" de Antonio, su mujer y su suegra "para que un fondo buitre no pierda unos cuantos miles de euros", por lo que pide "una alternativa habitacional de verdad".
