Los aproximadamente 18 kilómetros que restan por culminar la autovía autonómica Ex-A1, entre Moraleja y la frontera con Portugal, tienen un coste aproximado de 270 millones de euros, según las últimas estimaciones realizadas por la Junta de Extremadura, que reclama la implicación del Gobierno para firmar el acuerdo internacional con Portugal sobre el nuevo paso fronterizo que permita la conexión con Castelo Branco.
Solo así se justificaría tal inversión, según ha dado a entender el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio, en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura, dado que "hacer 18 kilómetros de autovía para morir en la orilla", es decir, en la frontera, supondría un ahorro de tiempo de siete minutos respecto al actual trazado.
Herrero ha respondido así al diputado socialista Juan Ramón Ferreira, que ha acusado al gobierno de María Guardiola de mentir a los extremeños con los plazos, y de plantear la figura de la colaboración público-privada para la construcción de la infraestructura con el objetivo de dilatar en el tiempo su ejecución.
Unos retrasos que el director general ha negado, al señalar que en octubre del 24 se presentó en Cáceres dicha colaboración público-privada y en 2025 se sacó a licitación el estudio de viabilidad, que hasta julio sigue en vigor.
Pero el director general ha centrado su exposición en reclamar la implicación del Gobierno central, al afirmar que hay cuestiones "clave" en este proyecto que "no dependen de la Junta de Extremadura y que hoy por hoy son las que están condicionando los tiempos" del mismo.
Así se ha referido al anteproyecto de los últimos 2,5 kilómetros más el puente internacional sobre el río Erjas, que ha calificado como el "nudo de la cuestión", porque Extremadura puede "avanzar en estudios, avanzar en los proyectos, en la planificación, pero sin un acuerdo entre España y Portugal no hay puente, y sin puente no hay conexión internacional".
Mientras tanto, ha defendido, la Junta "ha realizado su trabajo, lo ha impulsado y lo está priorizando", pero hay un momento en el que "la responsabilidad ya no es autonómica, sino que es del Estado y es internacional", ha abundado.
Sobre la situación actual de los trabajos, ha señalado que el tramo Cilleros al Pk20 ya está aprobado y "se va a sacar la aprobación técnica ya", mientras que el tramo de Moraleja a Cilleros se está redimensionando por los "condicionantes" de la Confederación Hidrográfica del Tajo para salvar la zona de regadío, y ahora se está "terminando".
"El trabajo técnico está muy avanzado y lo que falta es voluntad política y acuerdos firmados", ha insistido Herrero, quien avanza que cuando el acuerdo internacional se firme "todavía queda trabajo por hacer", en tanto que el puente internacional "lleva un trámite ambiental distinto".
El director general, que ha reprochado a los socialistas que ahora tengan como prioridad esta infraestructura como prioridad después de no haber hecho "nada" en ocho años de gobierno a pesar de que el anterior ejecutivo de José Antonio Monago "le dejó los fondos FEDER envueltos en una cajita, ya listos para abrir", ha advertido que los cálculos de los socialistas sobre el coste de la infraestructura no son realistas.
De ahí la propuesta de la colaboración público-privada para costear una infraestructura que, ha advertido, "no vale 130 millones". En concreto, ha dicho que el tramo de Cilleros al PK 20, que es el que próximamente se va a aprobar técnicamente, está en torno a los 100 millones de euros.
Y el de Moraleja a Cilleros, ha señalado, serían 120 millones, a los que habría que sumar "de 50 a 60 millones" por el puente internacional. "Haga usted el cálculo", le ha espetado a Ferreira, a quien ha recordado que en el año 2009 se estimó en 98 millones de euros.
