TRIBUNALES

Otro exconseller con Camps niega conocer quién contrató con las empresas de la Gürtel

Manuel Cervera, que dirigió Sanidad entre 2007 y 2011, ha dicho que nunca vió "ninguna factura"

Núria Moreno

Valencia | 01.03.2023 14:56

El exconseller de Sanidad, Manuel Cervera, responde a la Fiscalía este miércoles en el juicio de Gürtel.
El exconseller de Sanidad, Manuel Cervera, responde a la Fiscalía este miércoles en el juicio de Gürtel. | OCR

El exconseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha declarado este miércoles como acusado durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, en concreto, sobre la pieza relativa a los contratos presuntamente irregulares de la trama con la Generalitat que presidía Francisco Camps.

A Cervera se le investiga por la contratación de un vídeo que se proyectó en un actosobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, que fue adjudicado a Orange Market, la sucursal de la Gürtel en València, y otras dos empresas vinculadas al entramado.

A preguntas de la Fiscalía, ha respondido quedesconoce quién contrató el servicio. "Yo no contrataba y nunca veía facturas", ha afirmado el exconseller, al tiempo que ha destacado que no recibió "ninguna orden" de contratar con esas empresas por parte de nadie, tampoco del expresidente de la Generalitat. "La conversación más frecuente que tenía con Camps era que mi presupuesto era deficitario", ha apuntado.

NIEGA RELACIONES CON 'EL BIGOTES'

Preguntado por si conocía a Álvaro Pérez 'El Bigotes', Cervera ha explicado que lo vió antes de ser conseller en algunos eventos del PP y que, cuando fue nombrado en el cargo, el empresario se le presentó, pero que nunca se reunió con él. "Nunca me tomé un café con él, ni hablé de esto ni de nada", ha asegurado.

El exconseller de Sanidad ha seguido la línea de la exconsellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, que dijo este martes que tampoco había recibido instrucciones de Camps para contratar con ‘El Bigotes’.

La Fiscalía acusa a los dos exconsellers de prevaricación y pide penas de entre siete y nueve años de inhabilitación.