El Consejo de Ministros ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por contradecir "condiciones básicas como la igualdad entre personas". De los 200 artículos de la norma --aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio--, el Gobierno quiere impugnar 20, entre ellos el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda y prestaciones sociales.
Otros de los artículos que el Gobierno considera inconstitucionales son los que establecen como prioridad la reagrupación familiar de los menores de edad tutelados, la prohibición del uso de burka o niqab en espacios públicos y algunos que tienen que ver con la igualdad de personas LGTBI en el ámbito educativo o con la "protección del derecho a la vida de los no nacidos".
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado que el Gobierno considera que preceptos como el concepto de 'prioridad nacional' "contradice condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras".
Saiz, responsable de Inclusión y Migraciones, ha indicado que también se impugna un artículo que "elimina referencias expresas a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual familiar y de género en el ámbito educativo". Además, ha añadido, se considera inconstitucional "la limitación de ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas", junto a otros "conceptos que incluye esta ley como los referentes a los no nacidos".
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha señalado que era "evidente" que tenían que llevar esta ley al Tribunal Constitucional porque "el Estado tiene que velar por el mantenimiento de la igualdad efectiva" entre los ciudadanos.
Llanes ha afirmado que hay artículos "abiertamente anticonstitucionales", alguno de ellos "muy evidentes" y otros "más disfrazados". "Pero el concepto de 'prioridad nacional', tal como se plasmó en esa ley, incumplía de plano la Constitución", ha subrayado en declaraciones a los medios en una visita a Torrent (Valencia).
En concreto, los artículos que impugnará el Gobierno se agrupan en seis bloques. El primero de ellos tiene que ver con el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales. La ley de acompañamiento introduce criterios de arraigo y un genérico principio de 'prioridad nacional' que, a su juicio, condicionan el acceso al origen del solicitante.
Estos artículos, apuntan desde el Gobierno, vulneran el artículo 14 de la Constitución, así como "el mandato de igualdad material efectiva" del artículo 9.2, tanto en relación con los extranjeros como con nacionales, cuando el arraigo se fija por la comunidad autónoma.
El segundo bloque es el de igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo. El Gobierno considera que se "degradada el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos, sustituyéndolo por una previsión potestativa". Esto supone, advierten, que se vulnera el artículo 149.1.30ª de la Constitución, una obligación que la normativa básica estatal configura como imperativa.
Como tercer bloque, sobre derechos de la infancia y la adolescencia, la norma aprobada por PP y Vox extiende el alcance de la obligación de protección del derecho a la vida a los no nacidos, lo que el Gobierno entiende que contradice el artículo 15 de la Constitución. Además, "altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento, lo que supone la invasión de la competencia estatal".
También, al parecer del Gobierno, vulnera los artículos 149.1.1ª y 16ª, así como el artículo 15, en la medida en que ordena a la Generalitat garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando exista riesgo o amenaza, "introduciendo un régimen susceptible de restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", alertan.
Igualmente, consideran que se "invade la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería", pues establece como prioridad la reagrupación familiar de las personas menores de edad tuteladas "sin sujetarla a procedimiento y a garantías establecidas en la ley estatal, en el que participan la Administración General del Estado y el Ministerio Fiscal".
Y señalan que, al incidir sobre el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados y sobre las decisiones relativas a su permanencia o retorno, vulnera el artículo 149.1.2ª de la Constitución.
En cuanto a la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, con las correspondientes infracciones administrativas asociadas a su incumplimiento, el Gobierno cree que se invade la competencia estatal sobre seguridad pública, transporte, función pública básica o sanidad, según el caso, y la lesión del artículo 14 de la Constitución "por el efecto disuasorio y discriminatorio".
En el quinto bloque, sobre proyectos estratégicos de energías renovables, el ejecutivo central considera que se invaden las competencias estatales en materia de medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica.
Y respecto a los funcionarios --la ley modifica el régimen de provisión y remoción de puestos de trabajo de la función pública valenciana--, denuncian que se vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución", al exigir a los funcionarios de otras administraciones para acceder a puestos de la dirección pública profesional una antigüedad mínima de diez años, que "no resulta equivalente ni equiparable al que se exige a los funcionarios de la propia Generalitat".
