COMUNITAT VALENCIANA

El Gobierno estudia llevar al TC los cambios en la Inspección educativa de la ley de acompañamiento de la Generalitat

Planteará una comisión bilateral para "aclarar aspectos" de la normativa con el Consell

Núria Moreno

València |

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, mantiene una reunión con representantes de sindicatos educativos, directores de centros y asociaciones de inspectores.
La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, mantiene una reunión con representantes de sindicatos educativos, directores de centros y asociaciones de inspectores. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno estudia recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026, entre ellos, los cambios introducidos por PP y Vox en las funciones de la Inspección educativa

Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras la "petición de amparo" de sindicatos y asociaciones de inspectores, con los que se ha reunido este martes, además de directores de centros de Primaria y Secundaria, que han trasladado "indefensión" porque consideran que el Consell busca implantar una "policía educativa" mediante los cambios en la Inspección, con el propósito, según ellos, de "perseguir" a los profesores.

El Ejecutivo central planteará una comisión bilateral con el Gobierno valenciano para "aclarar muchos aspectos que colisionan con leyes orgánicas superiores y que no deben sobrepasarse".

A la reunión con Bernabé han asistido representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Atención Discapacidad, la Associació de Directors i Directores d'Escola Pública del País Valencià, USOCV, ANPE, la Associació de Directors i Directores d'Instituts d'Educació Secundària y la Associació d'Inspectores i Inspectors d'Educació del País Valencià.

"Autocensura" e "inseguridad profesional"

Por parte de los sindicatos educativos, Marc Candela (STEPV) ha celebrado que la Delegación de Gobierno y la Alta Inspección "estén ya tomando iniciativas para defender al profesorado y su dignidad".

Mientras, Kilian Cuerda (UGT) ha acusado al Consell de actuar con una "práctica infame propia de regímenes autoritarios y fascistoides para intentar deliberadamente que el profesorado se autocensure".

Y Cristina Sánchez (CCOO) ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del profesorado y de permanecer "atentos" para que la nueva norma "no afecte a la autonomía de los centros, la libertad de cátedra y la capacidad de las familias de garantizar una educación de calidad basada en la confianza en el maestro".