Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.
Así consta en la calificación fiscal al Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruyó este caso en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al 'expresident'.
El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo que operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.
De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al expresident y que le ayudaron en la operativa.
De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de Les Corts, sobrino de los anteriores.
Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisioens abonadas por las adjudicaciones".
Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros).
Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez. Según el fiscal, todos ellos ocupaban una función en el organigrama "diseñado" por el expresidente para "lucrarse de distintas formas de contrataciones y de gestiones de los servicios públicos".
Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, --ella exdiputada del PP--, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cico años de prisión y multa de ocho millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que "colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.
Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto. Por contra, el fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional para las esposas de Barceló, Grau y García y otros dos acusados más.
Como personas jurídicas, el fiscal considera responsables de un delito de falsedad a cinco empresas: Costera del Glorio; Medlevante; Gesdesarrollos Integrales; Turnis Sylvática y Dobles Figuras, para las que pide tres años de multa. Todas ellas están relacionadas con el retorno de los fondos a España.
DECOMISO DE BIENES Y EFECTOS
El fiscal pide que se acuerde el decomiso de bienes y efectos en metálico, entre ellos, la cantidad de 20,6 millones de euros de Zaplana y de su organización, de los que la mayor parte, 6,7 millones, han sido transferidos a la ORGA procedentes de las cuentas que el expresident tenía en Suiza.
Igualmente pide el decomiso de 3,4 millones como consecuencia de los pagos realizados a Juan Francisco García --de los que se encuentran intervenidos 1,8 millones--; y la cantidad de 10,5 millones correspondientes a las dádivas entregadas por los Cotino, incluidos 641.000 euros empleados para la constitución de sociedades en Luxemburgo y el importe entregado por las adjudicaciones cuestionadas, que ascienden a 9,9 millones, correspondientes al dinero entregado a Zaplana y a García, a través de sus respectivas sociedades.
COMUNICADO DE ZAPLANA
En un comunicado, Eduardo Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia tras conocer el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que le reclama 19 años de prisión en el caso Erial, y ha señalado que espera demostrarla en el juicio "tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial".
"Muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan", señala Zaplana en el texto, en el que se congratula por que "al menos", el fiscal haya reconocido "la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años".
No obstante, lamenta que esa "exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales" con él.
"Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vetadas", concluye el expresidente de la Generalitat.
