Entidades y sindicatos anticipan "conflictividad laboral" y denuncian "retrasos y insuficiencia" en el sistema de infancia y adolescencia

Aseguran que hay más de 25 centros propios de la GVA que no están licitados y que llevan 3 y 4 prórrogas. Además, según Toni Femenía, de UGT, no cumplir los acuerdos genera dos velocidades en la subida salarial pactada entre los trabajadores, unos con sueldos congelados desde 2011 y otros que contemplan la subida retributiva. Aspectos, ha dicho, que afectan sobre todo a los menores atendidos en los 25 centros que siguen esperando mejoras en la atención. 1.500 menores en sistema de protección y 500 en sistema de reforma.

Por otro lado, Daniel Bueno, de la Federación de Entidades del Tercer Sector en Protección Juvenil, ha manifestado que en diciembre de 2018 se firmó el acuerdo con la vicepresidenta, cosa que permitió un incremento de los salarios del sector y mejorar las ratios a través del concierto social pero, según Bueno, el acuerdo tenía otros compromisos como la revisión de las de espesas generales y las ratios de profesionales. Compromisos que hasta ahora, ha dicho, no se han abordado.

Tanto sindicados como entidades aseguran que la situación es complicada pero piden que no se deje de lado a un sector que presta servicios a los menores desprotegidos.