La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido este miércoles la legalidad de su actuación y la de su equipo de gobierno en la recolocación de varios extrabajadores del consorcio que gestionaba La Marina. Un asunto que, como contamos ayer, ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís.
Catalá asegura que ejecutivo actuó dentro de la ley para tratar de ayudar a personas que iban a quedarse sin trabajo, y que esa era la voluntad de todos los partidos del consistorio, incluida la oposición. En este sentido, la alcaldesa dice que Compromís y el PSPV llegaron a pedir una recolocación “a dedo” de estos exempleados del consorcio.
Por su parte, los socialistas y Compromís han pedido este miércoles a la Fiscalía que amplíe la investigación para incluir también al concejal de Contratación, el popular José Marí Olano. Petición que llega después de la publicación de los audios de las conversaciones que mantuvo el edil con los extrabajadores del consorcio recolocados. Le acusan de uso de información privilegiada o revelación de secretos, como ha explicado el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuán. Compromís, por su parte, ha anunciado también que llevará al próximo Pleno una moción para crear una comisión de investigación sobre este asunto. Su portavoz es papi Robles
La alcaldesa también se ha referido a esos audios donde aparece el concejal José Marí Olano. Dice que de ellos no se desprende nada irregular, y que el edil de Contratación no hizo sino atender las peticione de reunión que le transmitieron los sindicatos y los extrabajadores del consorcio:
