El Ayuntamiento de Altea ha aprobado definitivamente la regulación de la implantación de viviendas de uso turístico en el suelo urbano del municipio, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de la nueva Ordenanza Complementaria 4-8. La norma quedó elevada a definitiva después del informe favorable de la Dirección General de la Costa y el Mar, posterior a la aprobación plenaria provisional del 4 de junio.
El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha destacado que “Altea vuelve a marcar un antes y un después en la defensa de un modelo urbano equilibrado, sostenible y pensado para las personas que viven aquí todo el año”. Según Orozco, “no se trata de prohibir la actividad turística, sino de planificarla con justicia, con datos y con seguridad jurídica”.
El proceso comenzó en enero de 2024 con la suspensión de nuevos informes de compatibilidad para viviendas turísticas, tras superarse los 2.200 informes concedidos. Desde entonces, Altea ha impulsado un diagnóstico técnico, un proceso participativo, dos periodos de exposición pública y la incorporación de alegaciones e informes supramunicipales hasta su aprobación definitiva.
“Fuimos de los primeros municipios en afrontar este problema de manera seria y se nos criticó por ello, pero el tiempo ha demostrado que era necesario. Altea ha regulado, Altea ha liderado y Altea seguirá defendiendo que las casas son para vivir”, ha señalado Orozco.
La ordenanza utiliza el Indicador de Vulnerabilidad Territorial, una herramienta técnica que combina la presión residencial de las viviendas turísticas, el porcentaje de viviendas principales y la densidad de vivienda. Con este sistema, el municipio clasifica las distintas zonas urbanas según su grado de vulnerabilidad y establece límites diferenciados para permitir o restringir nuevas viviendas turísticas.
Desde el inicio de la regulación, los datos muestran una reducción notable de la presión turística residencial. Según los datos expuestos en el pleno, Altea ha pasado de registrar más de 15 altas mensuales de viviendas turísticas en los años posteriores a la pandemia a situarse entre 2 y 3 altas mensuales. Además, el número de viviendas turísticas ha pasado de 2.119 a finales de 2023 a 1.622 en la actualidad, lo que supone 497 viviendas menos y una reducción del 23,45%. El porcentaje global también ha bajado del 9,8% al 8,85%.
El concejal de Urbanismo también ha recordado que las viviendas turísticas han pasado a pagar una tarifa diferenciada de recogida de residuos de 364 euros, pagando como actividad económica y no como una residencia habitual. “La regulación está funcionando: ha frenado el registro masivo de nuevas viviendas turísticas, ha reducido la presión sobre el parque residencial y permite reequilibrar los costes que esta actividad genera sobre los servicios públicos”, ha afirmado Orozco.
“Esta ordenanza es legal, pertinente y necesaria para la ciudadanía alteana. Nos permite actuar con criterio, con datos y con sentido de ciudad para avanzar hacia una Altea más justa, habitable y sostenible”, ha concluido el edil.
