En el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Elda de ayer se aprobó una moción para declarar el 16 de noviembre como el Día de la Memoria Democrática en Elda. Los partidos del PSOE y de Elda para Todas votaron a favor de esta propuesta. El pleno municipal del Ayuntamiento de Petrer también ha aprobado esa misma medida, al tiempo que el de Monóvar en los próximos días.
La nieta del último alcalde republicano de Elda, Manuel Bellot Orgilés, Bárbara, estuvo presente en el Pleno eldense para respaldar la propuesta creada por la plataforma Acción Ciudadana, que contó con más de 500 firmas en contra de la impunidad del franquismo.
La presencia de Bárbara Bellot en el Ayuntamiento se debe a su decisión de hablar en nombre de su abuelo y de las familias de las víctimas que llevan esperando una respuesta muchos años. Entre muchas declaraciones destacan la de que su abuelo decidió quedarse y gobernar porque quería un mundo mejor y la de que lo mataron y lo enterraron en una de las muchas fosas que hay en el cementerio de Alicante.
Bellot condena todo el sufrimiento que tanto su abuelo como las demás víctimas del franquismo sufrieron durante aquellos años, y pide justicia por como fueron silenciados y humillados, sin pruebas y sin justicia.
La propuesta señala que el Ayuntamiento de Elda asume "la tramitación de los expedientes para la Declaración de reconocimiento y reparación personal" que establece el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, conforme al artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015 de la Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
Finalmente, en el Pleno se sostuvo el compromiso de "declarar la fecha 16 de noviembre Día de Memoria Democrática en recuerdo y homenaje a las víctimas eldenses del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, en cumplimiento del deber de memoria establecido en el artículo 34 de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática".
Por otro lado, otra moción que también se aprobó fue que las instituciones se adapten a las medidas y que cumplan con la Ley 23/2018 para respetar y proteger los derechos del colectivo LGTBI+ en el ejercicio de sus funciones.
Propusieron la elaboración de "un código de conducta que establezca los principios éticos y valores fundamentales que deben guiar la actuación de todos los miembros de la administración en relación con el respeto a los derechos humanos, especialmente de las personas LGTBI+". Además, plantearon "promover acciones de sensibilización, promoción y educación en diversidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ entre la población".
De todas formas, también se insta a promover y garantizar el acceso a contenido cultural diverso, en formato de libros, en películas y en otros actos culturales que potencien la diversidad y la representación de realidades LGTBI+, así como impulsar programas de formación en el ámbito laboral, especialmente en trabajadores del sector público, sobre dicha comunidad. Por último, esta propuesta presenta "poner la participación activa de las entidades LGTBI+ del territorio como una prioridad, creando órganos de participación para ello y reforzando colaboración y el apoyo, garantizando que dispongan de recursos suficientes para desarrollar su actividad".
