Compromís per Elx ha pedido este lunes medidas para que en la ciudad no pueda ocurrir lo sucedido en la ciudad de Alicante con la promoción de vivienda de promoción pública en la que se han registrado adjudicaciones a la exconcejala de Urbanismo, que ha dimitido tras la polémica, y a personas relacionadas directamente con altos cargos del Ayuntamiento alicantino.
“El modelo de vivienda del alcalde, Pablo Ruz, para Elche es el mismo que el del pelotazo en las viviendas protegidas de Alicante, un sistema en que las constructoras privadas controlan el proceso de adjudicación de las casas y en el que pueden acceder a un inmueble personas con rentas de hasta 66.000 euros anuales”, ha afirmado Esther Díez que también ha exigido que “en el caso de los dos lotes que están en licitación en estos momentos para la construcción de viviendas en suelo público ilicitano, sea el Ayuntamiento o la empresa municipal PIMESA quien se encargue del proceso de adjudicación de las viviendas, para que se garantice la publicidad del proceso y la transparencia total”.
La portavoz municipal de Compromís per Elx también ha pedido a la Generalitat Valenciana, encargada de validar las adjudicaciones de las viviendas protegidas, “que endurezca los controles, para que no vuelva a ocurrir lo mismo que en Alicante y que se cambie el tope de ingresos para poder acceder a una casa con estas características, pues ante la gran emergencia de vivienda, se tiene que priorizar a las personas con unos ingresos más limitados”.
Por otro lado, Esther Díez ha alertado de que “de las 230 viviendas que se supone van a construirse en terrenos municipales, sólo se revertirán a manos municipales un 16 %, a falta de conocer la oferta de las constructoras”.
Promesas vacías de Pablo Ruz
Esther Díez ha añadido que “de las 400 viviendas prometidas por Pablo Ruz, la realidad es que esta legislatura sólo verá la luz el edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en Travalón que pusimos en marcha el anterior gobierno de izquierdas con la obtención de fondos europeos, un proyecto que en este caso sí que tiene un control totalmente público y que se suma a los fondos que obtuvimos para la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual y los diferentes edificios del barrio San Antón”.
