MACROPROYECTO EÓLICO EN TERUEL

No a la MAT advierte de que el aval del Supremo al Clúster del Maestrazgo no permite reanudar las obras

Las plataformas ciudadanas de la comarca dels Ports recuerdan que la investigación penal sobre Forestalia sigue abierta y alertan del impacto paisajístico de la línea de alta tensión que atraviesa la provincia de Castellón.

Onda Cero Castellón

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Vista de los molinos de viento del parque eólico Torremiró (Morella), en Castellón, en una imagen de archivo.
Vista de los molinos de viento del parque eólico Torremiró (Morella), en Castellón, en una imagen de archivo. | EFE/Andreu Esteban

La Plataforma No a la MAT y otros colectivos ciudadanos de la comarca dels Ports advierten de que la sentencia del Tribunal Supremo que avala el Clúster Eólico del Maestrazgo no implica que las obras puedan reanudarse de forma inmediata. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y ha confirmado la validez de las autorizaciones ambientales del proyecto, aunque ha reconocido un defecto formal en la tramitación de la evaluación ambiental conjunta que considera insuficiente para anular el procedimiento.

El complejo, ubicado en la provincia de Teruel, contempla 22 parques eólicos con una potencia total cercana a los 883 megavatios. Uno de los principales motivos de oposición de las plataformas de Castellón es la línea de alta tensión prevista para evacuar la energía hasta la subestación de Morella. El trazado atravesará distintos municipios de la provincia y, según denuncian estos colectivos, tendrá un importante impacto sobre el paisaje de la comarca dels Ports. Por ello, mantienen su rechazo a la infraestructura y subrayan que la resolución del Supremo no despeja todas las cuestiones pendientes.

A esta situación se suma la investigación judicial sobre el Clúster del Maestrazgo, enmarcada en la causa más amplia sobre Forestalia. La Guardia Civil, a través de unidades especializadas como la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), investiga posibles irregularidades en la tramitación de autorizaciones ambientales de proyectos renovables vinculados a la empresa. Entre las líneas de investigación figura la posible intervención irregular de un antiguo alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica para favorecer determinados proyectos. La causa contempla presuntos delitos como prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales, hechos que todavía deben esclarecerse judicialmente. La vía penal continúa abierta, por lo que el aval del Supremo a las autorizaciones ambientales no supone el cierre de esta investigación ni determina por sí solo que los trabajos puedan retomarse.