"Tenemos el reto de caminar hacia la descarbonización de la economía. El sector doméstico es uno de los principales focos de emisiones de C02 y el Pacto Verde Europeo establece que en 2030 al menos el 35 por ciento del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable", ha señalado el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro.
Navarro ha recordado que desde 2018 hay una bonificación de la ordenanza, pero han detectado que los requisitos de superficie y de potencia hacen muy difícil que sea efectiva para comunidades de propietarios y de cara a 2023 quieren adaptar sus condiciones a las demandas de la ciudad de acuerdo a lo que planteen entidades vinculadas a la instalación de equipos eléctricos y energías renovables y administradores de fincas.
El concejal de Hacienda, David Donate, ha explicado que "se abrirá un periodo para, de la mano de las asociaciones y entidades representativas del sector, poder definir unos criterios más acordes con la realidad de Castelló y hacer más accesible la bonificación". Donate ha recalcado que, con ello, "se avanza hacia una fiscalidad más verde" para la ciudad de Castelló.
El Ayuntamiento dispone desde 2018 de una bonificación del 50% del IBI en las edificaciones de uso predominantemente residencial en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol. En 2021 se presentaron 46 solicitudes. Con la reforma de la ordenanza se quiere adaptar a la realidad del parque inmobiliario actual de la capital de la Plana.
El Pleno municipal ya derogó en diciembre de 2019 la ordenanza municipal de 2010 de aprovechamiento de energía fotovoltaica por recoger una regularización más restrictiva que la estatal en cuanto al autoconsumo energético y facilitar así la tramitación de instalaciones.
