La norma permitirá que personas en situación administrativa irregular, así como solicitantes de protección internacional, puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal durante un año, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Tras este periodo, deberán incorporarse a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
En la provincia de Castellón, según ha explicado David Barrachina, especialista en extranjería del colegio de Abogados en Onda Cero, el impacto sería significativo ya que entre 5.000 y 10.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, que puede transformar su vida, al permitirles salir de la irregularidad y acceder a un empleo en condiciones legales. Barrachina ha destacado la importancia de la red de oficinas habilitadas para realizar los trámites, que serán clave para gestionar el volumen de solicitudes previsto.
Desde el Gobierno subrayan que esta iniciativa busca facilitar la integración social y laboral de las personas migrantes, ofreciendo un marco legal que garantice estabilidad y derechos básicos.
RECURSO DE LA GENERALITAT
Desde la Administración autonómica, se advierte de una medida de estas características, adoptada "sin una memoria económica clara ni coordinación" con las comunidades autónomas, puede provocar un "incremento notable" en la demanda de servicios esenciales. Critican desde la Generalitat que podría llevar al colapso en trámites de sanidad, educación y servicios sociales.
Por su parte, David Barrachina, ha destacado que "se debe tener en cuenta de que son personas que ya están en España, haciendo uso de estos recursos, y no se sufrirá un aumento en ningún sentido.
