La Autoridad Portuaria de Castellón ha comenzado a aplicar la nueva valoración de los terrenos del puerto, que supone una rebaja media de un 10% en las tasas de ocupación para las empresas concesionarias y titulares de autorizaciones, es decir, un ahorro unos 900.000 euros anuales.
El puerto de Castellón cuenta actualmente con cerca de 200 concesiones, y el 70% de ellas se ven beneficiadas de los nuevos valores de la tasa de ocupación de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto y los terrenos afectados a ayudas a la navegación, como los faros. La valoración influye directamente en las cuotas de la tasa de ocupación a las que tienen que hacer frente las empresas que se establecen en zona portuaria.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha asegurado que esta valoración “favorecerá la captación de inversiones en PortCastelló, hará que sea más competitivo y facilitará e impulsará la iniciativa privada en el puerto”. “En definitiva, por un lado, las empresas concesionarias se benefician de un importante ahorro, y por otro lado, el puerto es más atractivo al tener unas tasas más competitivas”.
Rubén Ibáñez ha señalado que esta medida se suma al hecho de que PortCastelló sea el puerto que actualmente dispone de más metros cuadrados de todo el arco mediterráneo para la instalación de nuevos clientes e industrias. “Estamos en disposición de ofrecer suelo a un precio muy competitivo”, ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 20 de junio la orden por la que se aprueba la nueva valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Castellón y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación. Desde entonces se están aplicando los nuevos valores para favorecer a las empresas que conforman la Comunidad Portuaria.
Hay que recordar que la determinación del valor de los terrenos y aguas de la zona de servicio de los puertos y espacios afectados al servicio de señalización marítima es necesaria para determinar la base imponible de la tasa de ocupación, que se devenga en favor de la Autoridad Portuaria por la ocupación de dominio público portuario. El valor se determina sobre la base de los criterios de mercado.
