La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas publicó el pasado 12 de Agosto el Decreto 102/2022 que modifica el Decreto 62/2017 que regula el acceso a prestaciones de dependencia de la Comunidad Valenciana. En dicha normativa, se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. La patronal de residencias AERTE, asegura que hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.350 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 810 como máximo, "lo que impedirá a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos", añade.
“Creemos que esta decisión impide que las personas con problemas de salud mental puedan recibir los servicios que necesitan y está bloqueando el acceso al sistema de atención, lo que nos parece inaceptable” indicó el presidente de AERTE, José María Toro.
AERTE ha pedido que se sigan resolviendo prestaciones económicas que permitan cubrir el coste total de las plazas en viviendas supervisadas, más adaptadas a las necesidades de estas personas con un mayor nivel de autonomía, y que las viviendas asistidas, con un mayor número de profesionales, sigan atendiendo perfiles con un requerimiento de apoyos más importante.
