La magistrada de Alicante que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas en la Playa de San Juan ha acordado remitir a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la documentación aportada por el ayuntamiento.
Días atrás, la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante había emitido una providencia para requerir al consistorio toda la documentación disponible sobre el escándalo de la adjudicación de las 140 viviendas públicas de la promoción Les Naus, y el consistorio presentó los informes de que dispone este miércoles.
Una vez recibida la documentación, la magistrada ha acordado este jueves trasladarla tanto al ministerio público como a la UDEF, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ha añadido que paralelamente también ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por el sindicato Manos Limpias contra la decisión de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa.
Entre los datos que ha enviado el ayuntamiento alicantino al juzgado y que ahora investigará la Fiscalía y la UDEF figura que 46 de las 140 viviendas públicas carecen de personas empadronadas y que en más de una decena de casos hay varios miembros de una misma familia que son beneficiarios.
Entre ellos cinco allegados, concretamente tres hermanos y dos primos con edades entre 18 y 24 años, que han recibido respectivamente una de estas viviendas VPP pese a que los primeros trámites de la cooperativa se remontan a 2018, lo que habría obligado a su inscripción con 14 ó 15 años.
Numerosas irregularidades
Entre otras supuestas irregularidades también figuran numerosos domicilios con un residente censado pero donde "se denota que hay más personas" y doce personas no adjudicatarias que residen en seis viviendas, lo que infringiría expresamente la normativa autonómica.
Además, la inspección realizada la pasada semana por agentes de la policía local también observó un total de 26 buzones con una apariencia descuidada, con abundante publicidad sin recoger.
La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esas viviendas de protección pública tras recibir por reparto una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Tras ese paso inicial, el juzgado acumuló las cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial presentadas por Sumar y PSPV-PSOE, el Ayuntamiento y la consellería de Vivienda de la Generalitat, y decidió pedir documentación a las administraciones implicadas.
