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La defensa ha alegado un defecto de forma

Suspendido el juicio contra el sacerdote acusado de abusar de nueve menores en Ciudad Real

El juicio en el que se iba a juzgar este lunes a un exsacerdote de Ciudad Real acusado de abusar de nueve menores que estudiaban en el Seminario Diocesano de Ciudad Real ha sido suspendido después de que su defensa haya pedido la nulidad parcial por un defecto de forma.

EFE
 |  Ciudad Real | 30/09/2019
El juicio ha quedado suspendido en la Audiencia Provincial de Ciudad Real

El juicio ha quedado suspendido en la Audiencia Provincial de Ciudad Real / Onda Cero

El juicio, que había comenzado a celebrarse a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha sido suspendido durante el proceso en el que las partes han presentado las cuestiones previas ante la sala.


En ese momento, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) han informado a Efe que la defensa ha alegado "indefensión" solicitando la nulidad del juicio.


En sus alegaciones, ha indicado que en la fase de instrucción en la toma de declaración a los menores, en la que estuvo presente esta parte, se le entregó copia de las transcripciones de estas declaraciones, pero lo grabación audiovisual, lo que, en su opinión, provocaba indefensión a la hora de elaborar el escrito de la defensa.


A tenor de esta circunstancia, "en aras de garantizar el derecho de la defensa", la sala ha decidido decretar la "nulidad parcial" del juicio "retrotrayendo las acciones al momento previo de la presentación del escrito de la defensa".


También ha decidido facilitarle la documentación audiovisual que le faltaba a la defensa y darle un nuevo plazo de tiempo al fin de que pueda presentar su escrito final.


Ha admitido la sala que se ha producido un defecto de forma en el proceso, aunque "no se anula el juicio", que continuará con su tramitación una vez que la defensa, finalmente, presente su nuevo escrito tras disponer de las grabaciones audiovisuales.


Cabe recordar que el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, que no se ven alteradas por la suspensión del juicio, recordó que los hechos ocurrieron entre 2013 y 2016 cuando el procesado abusó de los jóvenes en reiteradas ocasiones, al hacerles tocamientos en distintos lugares, tanto cuando acudían a una piscina pública como en sus habitaciones.


El fiscal considera al acusado autor de 17 delitos de abuso sexual y solicita también la prohibición de que el exsacerdote pueda desempeñar actividades que le faciliten la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.


Igualmente, demanda que participé durante cinco años en programa formativos, laborales, culturales u otros similares, así como una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores durante seis años.


El pasado mes de junio, el papa Francisco firmó un decreto por el que determinó la dimisión por oficio del exsacerdote encausado y le concedió la dispensa de las obligaciones sagradas que tenía contraídas de su identidad sacerdotal.


La decisión papal se produjo por el comportamiento que ha mostrado el sacerdote a raíz de la pena que le había impuesto la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de juzgar su caso independientemente de que estaba siendo investigado por la vía penal.


Además, las instituciones eclesiásticas llevaron a cabo una investigación que concluyó con la pena canónica al sacerdote de ser recluido en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica.


Esta decisión se envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que diera su conformidad, si era o no justa de acuerdo con la gravedad de los hechos examinados, que dio conformidad a la pena.


Sin embargo, el sacerdote acusado de los abusos se negó repetidamente a comenzar a cumplir la pena que se le impuso por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió proponer al papa Francisco que retirara su nombramiento como sacerdote, lo que finalmente se ha producido.


El presunto caso de abusos sexuales se conoció en marzo de 2016 cuando el entonces obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, dio conocimiento de los hechos al Vaticano y los traslado a la Fiscalía.