El Gobierno de Cantabria ha negado haber solicitado la repatriación de 18 menores migrantes tutelados y ha criticado la "polémica artificial e interesada" creada en torno a este asunto cuando lo que ha hecho ha sido "pedir a la Delegación del Gobierno que valore iniciar un procedimiento reglado para saber lo que es mejor" para ellos.
Así lo ha indicado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), que se ha pronunciado ante los medios esta tarde tras publicarse que el Ejecutivo cántabro ha pedido expatriar a 18 menores ligándolo a su interés con la reagrupación con su familia en sus países de origen.
Un extremo que la consejera ha negado, y respecto al que ha aclarado que lo que ha hecho el Ejecutivo es cumplir lo que marca la Ley de Extranjería y los mecanismos internacionales de protección e informar de aquellos menores tutelados que han referido que tienen familia en su país, para que la Delegación del Gobierno, que es la administración competente en esta materia, recopile la información de las circunstancias familiares de cada uno y "decida".
"El Gobierno de Cantabria no pretende la expulsión de ningún menor extranjero no acompañado. Precisamente todo lo contrario: buscamos protegerles, buscamos el interés superior del menor, buscamos que tengan un adecuado lugar para vivir, porque Cantabria es y será solidaria, y queremos tratar a estos niños con la debida dignidad y con la adecuada protección", ha asegurado Gómez del Río.
Así, ha incidido en que "Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación, ni queremos expulsar a menores no acompañados de Cantabria. Es rotundamente falso y, además, es absolutamente imposible porque la competencia es de Delegación de Gobierno".
"Lo único que ha hecho el Gobierno de Cantabria es garantizar el bien superior del menor y, precisamente por ello, cumpliendo escrupulosamente la legalidad, la Ley de Extranjería, hemos pedido al Gobierno de España que solicite información de las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática", ha insistido.
Al hilo, ha explicado que "los distintos instrumentos internacionales de protección de los menores" apuntan a que éstos tienen que ser cuidados en su núcleo familiar.
"Es la primera medida que se tiene que buscar. Por lo tanto, cuando un menor extranjero o no acompañado refiere que tiene ese vínculo familiar, se pone en conocimiento de Delegación de Gobierno", ha expuesto la titular de Inclusión Social acompañada de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce.
Ambas han explicado que los 18 expedientes remitidos a la Delegación son un modelo en el que se solicita a esta administración que "indague sobre las circunstancias de los menores en su país de origen", pidiendo información a las distintas oficinas consulares, a la Fiscalía, a los Servicios Sociales y hablando con los propios tutelados.
"Lo que ha hecho el Gobierno es pedir a la Delegación de Gobierno que valore iniciar un procedimiento para saber lo que es mejor para los menores: que permanezcan en nuestra comunidad autónoma, dentro del sistema, o que regresen a vivir con sus familias", ha reiterado la consejera, que ha insistido en que "tienen que tomar ellos esa decisión" y que "Cantabria no puede repatriar a ningún menor".
La polémica "no es casual"
Gómez del Río y Arce han criticado que el Ejecutivo cántabro estaba a la espera de respuesta de la Delegación y la ha obtenido a través de los medios. Y es que, para la consejera, esta polémica "no es casual" teniendo en cuenta que este lunes se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Una reunión en la que ha denunciado que las autonomías pidieron datos e información en torno al reparto de menores que no se les facilitó -como cuál es la capacidad de acogida de las comunidades o cuántos menores pretenden trasladar a la península-, además de que se les "prohibió votar" cuando anunciaron que iban a hacerlo "en contra de los planes del Gobierno".
De hecho, la titular de Inclusión ha detallado que Cantabria inició los trámites que ha remitido a la Delegación en el mes de marzo, tras el mandato del Tribunal Supremo que llamó al Gobierno central a acoger a los menores no acompañados que habían solicitado asilo y a raíz de la entrada en vigor del real decreto sobre el reparto entre las comunidades.
"Cantabria lo que ha hecho es un trabajo serio y concienciudo. Lo que queremos es planificar, programar, ver hasta qué punto tenemos un sistema de protección que pueda acoger a los menores", ha manifestado la consejera tras volver a denunciar que, desde el Ejecutivo central "no se nos ha facilitado nada" de información.
"Necesitamos que nos den datos e información, que nos digan una programación, una planificación, cómo quieren que se cuide a estos menores, en qué momento quieren trasladarlos, qué comunidades tienen que protegerlos".
En este punto ha trasladado que, "curiosamente, solo una comunidad autónoma, la de Cataluña, manifestó [en la Sectorial de este lunes] que era una de las comunidades autónomas que más había acogido, cuando el resto no sabíamos porque no tenemos los datos".
Finalmente, ha reiterado que "Cantabria es y será solidaria, protegerá al menor dignamente" pero "dentro de las capacidades, con las condiciones dignas".
A día de hoy, la comunidad tiene acogidos a veinte menores migrantes más seis que ya han cumplido la mayoría de edad pero a los que se les mantienen medidas de apoyo mientras terminan sus estudios o encuentran un trabajo.
El PSOE exige al Gobierno de Cantabria que rectifique
El portavoz de Economía del Grupo Socialista y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha pedido al Gobierno cántabro que rectifique tras pedir la repatriación de 18 menores migrantes tutelados.
"Exigimos una rectificación inmediata al Partido Popular en la comunidad. Este expediente no puede continuar ni un minuto más", ha señalado en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.
Casares ha explicado que el Gobierno de Cantabria ha presentado un escrito con 18 oficios para que el Ejecutivo investigue si se dan las condiciones de repatriar a estos menores, algo que ha recordado que es "ilegal". "Lo que se esconde es un expediente de expulsión colectiva, algo que no permite la legislación vigente, que el Partido Popular y que el Gobierno de Cantabria sabe que es ilegal y tratan de camuflarlo con 18 oficios distintos", ha expuesto.
En la misma línea, ha acusado al Gobierno cántabro de no atender a las circunstancias personales y familiares de cada uno de esos menores. "Por tanto, desde el Partido Socialista en Cantabria vamos a exigir esa rectificación inmediata al Gobierno y, desde luego, la delegación del Gobierno y el Gobierno de España no va a iniciar ni va a continuar ningún expediente de expulsión de estos menores", ha recalcado.
