El Gobierno de Cantabria ha declarado la emergencia cinegética temporal por jabalí en varios municipios con el objetivo de frenar el crecimiento descontrolado de esta especie y reducir los riesgos asociados para la seguridad vial, la sanidad animal y las actividades agrarias.
Tal y como recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y según ha detallado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, responde al notable incremento de las poblaciones de jabalí en Cantabria en los últimos años, favorecido por su alta capacidad reproductiva y adaptación al medio, así como por el abandono progresivo del entorno rural.
Esta situación ha provocado un aumento significativo de daños en explotaciones agrarias, infraestructuras, zonas urbanas y periurbanas, así como un incremento de accidentes de tráfico. Además, el Ejecutivo advierte del riesgo sanitario derivado de la expansión de la especie, al tratarse de un vector potencial de enfermedades como la tuberculosis, la peste porcina africana o la brucelosis, con posibles repercusiones para la ganadería y la salud pública.
La medida se enmarca en las directrices del Plan nacional de gestión de poblaciones de jabalíes impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que identifica como prioritario el control poblacional en áreas con sobreabundancia.
Medidas excepcionales
La declaración permitirá aplicar un conjunto de medidas extraordinarias en los municipios afectados: Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar, Val de San Vicente y Vega de Liébana.
En concreto, se establece la priorización y simplificación de las autorizaciones para el control de la especie solicitadas por entidades locales y cotos de caza, facilitando su tramitación y ejecución. Asimismo, se incrementa en un 50% el número de batidas permitidas y se eliminan los cupos de captura durante la actividad cinegética ordinaria, con el fin de intensificar la presión sobre la población de jabalí.
Del mismo modo, se autoriza la realización de controles poblacionales y batidas excepcionales fuera de la temporada de caza cuando persistan problemas sanitarios o de seguridad vial, y se permite la práctica de aguardos o esperas, así como la captura mediante jaulas trampa en determinadas condiciones.
Para mejorar la eficacia de estas actuaciones, se habilita de forma excepcional el uso de dispositivos tecnológicos como visores nocturnos, detectores de presencia o cebaderos controlados.
En aquellas zonas donde no resulte viable la actividad cinegética convencional, especialmente en entornos urbanos o próximos a núcleos habitados, se reforzarán las actuaciones directas por parte de los Agentes del Medio Natural. Además, la resolución prohíbe la tenencia de jabalíes vivos o sus híbridos en los municipios afectados, obligando al sacrificio de los ejemplares previamente autorizados.
"Un problema creciente"
La consejera ha insistido en que esta decisión “responde a una situación que exige actuar con responsabilidad y firmeza para proteger tanto al sector primario como a la ciudadanía”.
“Estamos ante un problema creciente que afecta a la seguridad de las personas, a nuestras explotaciones ganaderas y al equilibrio del medio natural” – ha dicho- “y con esta resolución damos herramientas eficaces para reducir la población de jabalí y minimizar sus impactos negativos”, ha señalado.
Susinos ha añadido que el Gobierno autonómico mantendrá un seguimiento constante de la evolución de la especie y no descarta prorrogar o ampliar las medidas si persisten las circunstancias que han motivado esta declaración.
La resolución será efectiva desde hoy, fecha de publicación en el BOC, y permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la situación.
