El día de Navidad de 2021, hace dos años, se dio por certificado que el volcán de La Palma, surgido en las entrañas de Cumbre Vieja, había dejado de rugir tras 85 días infernales que obligaron a desalojar a unos 7.000 vecinos.
La lava se llevó por delante más de 1.200 hectáreas de superficie y casi 1.700 edificaciones en total, entre ellas más de 1.300 viviendas, y las heridas abiertas en el Valle de Aridane siguen sin cicatrizarse, con una treintena de personas, incluso, viviendo aún en complejos hoteleros de la isla.
"Seguimos tocados pero tocados más que nada por el hecho de haber dejado nuestros hogares de la manera que fue. Todo eso ahora está pasando factura, pasó al principio y sigue pasando ahora y siempre, cuando llegan estas fechas, lo recuerdas, aunque no esta fecha solo sino todo el año. En cualquier reunión de amigos que te reúnas o de familia siempre terminamos en la misma conversación hablando del volcán aunque tú no quieras, entonces el dolor sigue permanente", señala Fátima Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción de La Palma.
Para Fátima, más allá de cobrar todas las ayudas pendientes o que se empiecen a aprobar los decretos que permitan acelerar la reconstrucción --ya ha visto la luz el urbanístico y quedan otros tres--, la vuelta a la normalidad, si es posible, depende de recuperar un "hogar".
Cuando tienes un hogar, un techo, las cosas las ves desde otra perspectiva y diferente
Aunque hay muchas personas que ya tienen vivienda o viven de alquiler son casas "provisionales" frente al patrimonio que lograron levantar en el valle, en muchos casos con el esfuerzo de varias generaciones.
El Gobierno canario entregó en la pasada Legislatura más de 200 viviendas --entre las que se incluyen las de madera y tipo contenedor-- y cubre ayudas de alquiler y para esta Legislatura, con un nuevo pacto de Gobierno conformado por CC, PP, ASG y AHI trabaja en el programa 'La Palma 700' para invertir 100 millones de forma plurianual en la construcción de vivienda pública.
Sobre la gestión del nuevo Ejecutivo canario Fátima señala que "nunca llueve a gusto de todos" pero cree que con el primer decreto aprobado al menos se ve "una lucecita" porque se ha logrado reconocer el derecho a la propiedad y la compensación por el valor de lo perdido antes de la erupción.
Podré volver o no, o tal vez no me interesa, o tal vez mi propiedad la tengo ahí, pero para el día de mañana, o para mi heredero, o para quien venga detrás, y yo me buscaré la vida en otro lugar, pero te van a compensar
No hay dinero para construir
Fátima valora las ayudas, que en algunos casos han superado hasta los 100.000 euros, pero no oculta que con los precios actuales del suelo y los materiales de construcción "no vas muy lejos" o se empieza a construir "y no se termina".
El primer decreto ley aprobado por el Ejecutivo clasifica la colada en diversas zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo.
Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor se permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.
En las zonas de más de 10 metros de espesor se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.
Asimismo están las zonas sujetas a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.
El Gobierno reconoce que para los afectados con parcelas en esta zona el decreto territorial no les ofrece una solución completa, puesto que no pueden reconstruir sus propiedades, pero esta solución completa la tendrán con la aprobación del decreto de vivienda y suelos.
Lejos queda aún la aprobación de la ley de volcanes que la plataforma impulsó a través de una Iniciativa Legislativa Popular avala por 19.000 firmas.
La Ley de Volcanes no parece avanzar en el Parlamento de Canarias
La intención de los damnificados es que fuera aprobada con motivo del segundo aniversario del final de la erupción pero apenas se ha conformado una comisión promotora, junto a la Diputación del Común, para validar las firmas.
"Hace falta que haya una ley que regule todos nuestros derechos y que nuestros derechos existan hasta el final, hasta que se compense el último céntimo de lo perdido", explica.
Juan Vicente Rodríguez, de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, dice que el camino que lleva la reconstrucción de la comarca "no es nada bueno" porque a los damnificados los han "ocultado" tras ser los "protagonistas" de la erupción.
Dice que "no se siente representado" por los actuales gobernantes porque han dejado de lado a los afectados hasta el punto de que cree que se han "aprovechado del dolor para sacar rédito político". "Eso es lo peor que llevo después de los dos años", ha indicado.
Juan Vicente va más allá y apunta que "nunca ha habido unidad" entre los damnificados sino "un partido político claro", en referencia de Coalición Canaria, "que se ha aprovechado de la situación y está gobernando hoy".
"Más claro no lo puedo decir, lo que pasa es que la gente tiene miedo a hablar", detalla, al tiempo que lamenta que no se distingue a los afectados del resto de ciudadanos de la isla, algo que tilda de "vergüenza" y "penoso".
Afirma que se compró un terreno pero no puede fabricar porque se gastó el dinero en el suelo y en levantar las paredes y no entiende como el Gobierno aprueba un decreto sin tener en cuenta a los afectados. "Dijeron, este es el decreto, lo cogen o lo dejan, si les gusta bien y si no también".
