Antònia Maria Estarellas, vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local del Govern, asegura que buscan proteger así a los usuarios y a las empresas que operan legalmente y "unas islas más seguras".
A la inspección se ha sumado la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo, que en 2026 ya ha iniciado 68 expedientes sancionadores. Su director general, Antoni Mercant, ha destacado que desde 2019, el número de expedientes ha aumentado un 853%, de los 17 del primer año a los 162 de 2025.
Además, ha excluido 36 barcas del registro de chárter por incumplir los requisitos, y ha añadido que ahora otro de los retos es aumentar la seguridad en las actividades del sector en la ley de gestión de la costa y del litoral que se tiene que tramitar ahora en el Parlament, y que según Mercant "incluye una cláusula limitativa de velocidad a menos de 10 nudos a menos de una milla de la costa".
Unas restricciones que, ha recordado el director general, ya existen en zonas protegidas del litoral como por ejemplo reservas marinas o parques naturales.
