La capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares crecerá hasta las 434 plazas y, por lo tanto, el archipiélago quedará más lejos de la posibilidad de entrar en la situación de contingencia migratoria que permite el reparto de estos jóvenes a otras comunidades autónomas.
Así se desprende del borrador del real decreto que este miércoles se iba a poner en conocimiento de las autonomías en la conferencia sectorial de Infancia que finalmente ha sido suspendida por falta de 'quórum', ya que la mayoría de las regiones gobernadas por el PP no han asistido.
Mediante este real decreto, según consta en el orden del día de la sectorial, al que ha tenido acceso Europa Press, se pretende aprobar una nueva capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad.
Se trata de una actualización del decreto que ya se aprobó el año pasado, con idéntico procedimiento, y su paso por la Conferencia Sectorial era meramente informativo.
El borrador, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, contempla un aumento de la capacidad ordinaria de Baleares, que pasaría de 406 plazas a 434.
Según han confirmado fuentes del departamento que dirige la consellera Sandra Fernández, lo que no cambia es el mecanismo para que una comunidad pueda entrar en contingencia migratoria y, por lo tanto, derivar menores migrantes a otros sistemas de protección autonómicos.
El borrador del real decreto mantiene la necesidad de que, para acogerse a esta posibilidad, el número de menores migrantes acogidos triplique la capacidad ordinaria.
Por lo tanto, con el nuevo número de plazas fijadas, el archipiélago --aunque la protección de menores es una competencia transferida a los consells insulares-- quedaría más lejos que antes de una eventual contingencia.
Baleares, según la Conselleria, acoge en la actualidad un total de 733 menores migrantes. Por lo tanto, debería atender a 1.302 para poder empezar a derivarlos a otras comunidades autónomas, mientras que con la anterior capacidad ordinaria la cifra era de 1.218.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que pese a la cancelación del encuentro, la prórroga del real decreto sobre la capacidad ordinaria del sistema de acogida seguirá adelante, con la actualización de cifras, y será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.
Sobre el contenido de la actualización del decreto, la ministra ha explicado que mantiene el mismo procedimiento que cuando se aprobó en 2025, basado en indicadores para distribuir las plazas de acogida entre comunidades autónomas. La principal novedad será el ajuste en el número de plazas por territorio, con el objetivo de garantizar el equilibrio del sistema y evitar la saturación en determinadas zonas.
"Estamos ajustando, el procedimiento es exactamente el mismo, utilizamos una serie de indicadores para establecer el número de plazas que tiene que haber por comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que cambia ligeramente son las plazas en cada territorio. Pero, vamos, prácticamente es exactamente lo mismo", ha subrayado.
Rego ha defendido que hasta el momento la reforma legislativa ha sido un "caso exitoso" y ha destacado la tramitación de unos 1.700 expedientes "sin incidencias" y una mejora en el equilibrio de los sistemas de acogida en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.
EL GOVERN NO ACUDE A LA SECTORIAL
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia no ha asistido a la conferencia sectorial de Infancia de este miércoles al asegurar que ha habido "irregularidades" en la convocatoria.
El Ejecutivo balear había solicitado la anulación del orden del día de la reunión al considerar que era "contrario a derecho" y, por lo tanto, se ha sumado al 'platón' de las comunidades autónomas del PP.
Según ha indicado la Conselleria en un comunicado, el orden del día no fue aprobado previamente en el seno de la Comisión Sectorial, como exige la normativa, y, pese a ello, el Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido su contenido en la convocatoria.
Además, ha denunciado que, a día de hoy, no se ha recibido respuesta al escrito de impugnación y solicitud de anulación remitido por el Govern.
Asimismo, la impugnación pone el foco en uno de los puntos incluidos en el orden del día, relativo a la información sobre el Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la atención de menores no acompañados.
Este punto, según el Ejecutivo, se introduce sin el respaldo previo de las comunidades autónomas, fuera del procedimiento reglamentario y supone un aumento de la supuesta capacidad para Baleares, que pasaría según este real decreto que se pretende aprobar, de 406 plazas a 434.
"Estamos ante una convocatoria que no respeta las reglas básicas de funcionamiento de la Conferencia Sectorial", ha señalado Fernández, quien ha subrayado que "no se puede imponer un orden del día que ha sido rechazado previamente por la mayoría de comunidades autónomas".
Según la consellera, el Govern "no puede avalar con su presencia una reunión que nace viciada desde el punto de vista jurídico". Así, ha defendido que la impugnación presentada busca "garantizar la legalidad y el respeto institucional entre administraciones" y el rechazo a un reparto "injusto y sin garantías".
Precisamente, Fernández ha reiterado su rechazo del al reparto de menores no acompañados planteado por el Gobierno central, a su entender, basado en criterios "arbitrarios" y diseñado "sin consenso, sin financiación adecuada y, lo que es más grave, sin tener en cuenta el bienestar de los menores".
Además, ha advertido que el sistema de protección de menores de Baleares se encuentra en una situación de sobreocupación, con 733 menores no acompañados atendidos actualmente por los consells insulares, lo que, ha remarcado, "hace inviable asumir nuevas derivaciones sin poner en riesgo la atención adecuada".
El Govern ha defendido que cualquier decisión en esta materia debe adoptarse desde el acuerdo entre comunidades autónomas, con criterios "objetivos" y "garantizando la igualdad territorial y la financiación suficiente para atender a los menores con dignidad".
