El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto de real decreto de centros de datos. El texto del Gobierno de España - tal y como está - frenaría todas las inversiones previstas porque ningún proyecto podría cumplir los requisitos de consumo de renovables, según ha trasladado la consejera de Economía, Eva Valle.
Esos criterios son mucho más estrictos que los europeos, e inviables con la tecnología actual y con la situación de la red eléctrica de nuestro país. La consejera ha recalcado que el real decreto del Gobierno supone prácticamente la prohibición de los centros de datos.
Aragón exigirá equilibrar la normativa y que no tenga carácter retroactivo, porque cambiar las reglas del juego a mitad de partida podría derivar en un aluvión de reclamaciones patrimoniales. Empresas como Microsoft, Blackstone o Azora, que pensaban empezar ahora a construir sus datacenter, podrían cambiar de opinión.
La consejera Valle reconoce que la normativa desmotiva a las empresas, pero también las dificultades para conectarse a la red, por la mala gestión del Ministerio. De momento, al no estar el real decreto aprobado, el Gobierno de Aragón mantendrá su calendario de aprobación de PIGAS.
