Seguimos conociendo avisos del asalto de Ceuta. Es verdad que no fueron enviados en un sobre lacrado y a través de una elegante valija con un emisario con peluca y en carroza. Pero eran avisos explícitos que advertían del riesgo de un asalto que podía incluso haber sido aún mayor, porque los llamamientos se hacían en grupos con un alcance potencial de 180mil personas.
Las novedades de hoy van más allá de la negligencia del Gobierno español, ya suficientemente acreditado. En los 40 informes desclasificados se cuentan al menos 18 avisos a las autoridades. Pero también a Marruecos y esto es un hecho de trascendencia incluso penal, porque vendría a corroborar que nuestro vecino del sur pudo actuar…. cuando menos… cuando menos… con una pasividad dolosa.
Hoy El Mundo revela un documento clave que no se incluye en el dosier ceutís desclasificado por Moncloa. Y la pregunta es ¿por qué no lo incluyen? Si la versión del Gobierno ya ha sido desmentida, pulverizada, hecha fostatina por el resto de los documentos. ¿Qué tiene este de especial?
El documento habla de dos interceptaciones de interés en idiomas árabe y francés a agentes fronterizos marroquíes que aseguran, el día 27, que contemplan ya "una posible entrada masiva a Ceuta". Tres días antes de que ocurra. Lo registró el Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra (REW 32), con sede en Sevilla. O sea que las Fuerzas Armadas españolas conocieron, a través de conversaciones de agentes marroquíes, que había un plan para el asalto de la frontera.
Esto ya es materia de estudio sobre todo para la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que es quien está investigando el posible ataque a la integridad territorial de España, o sea, la responsabilidad de Marruecos. ¿Por qué no se ha incluido este documento entre los desclasificados? Uno solo puede hacer un juicio de intenciones.
Pero dado que el Gobierno española ya salido trasquilado de la desclasificación es pertinente preguntarse si a Sánchez le importa más comprometer a Marruecos que a su propio Gobierno y por qué.
Por el momento la estrategia después de la desclasificación, además de tratar de imponer una lectura retorcida de los documentos, ha sido atacar a la juez que investiga el ataque, María Tardón.
La juez puede sentirse incluida en esta defensa que hacía de la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Gobierno la presidenta del CGPJ Isabel Perelló en el solemne acto de apertura del año judicial
Inicio del año judicial y la polémica sobre la ley de nietos
Son muy precisas las palabras de Perelló y quizás por ello han provocado tantos sofocos oficialistas, porque es verdad que las críticas no se refieren a sus decisiones concretas sino que son directamente a la persona para cuestionar su neutralidad. Es el caso de María Tardón, de la cual no se dice que sus decisiones no se ajusten a derecho sino que se pretende trazar una complicidad con el PP que invalidaría su criterio.
Pero ustedes piense la cantidad de jueces distantes y distintos que estarían participando en un complot contra el Gobierno, Biedma, Peinado, Calama, Pedraz, ahora Tardón, antes Ángel Hurtado, Leopoldo Puente y por supuesto todo el Supremo… siempre… y especialmente ahora que cuestiona que la mal llamada ley de nietos y el derecho a participar en las elecciones de más de dos millones de descendientes de españoles en el extranjero.
Hoy hay un encendido editorial y sobre todo un encendido titular en El País que vuelve a utilizar ese recurso tan pertinaz de vincular a Vox con la decisión. Dice: ‘El Supremo da alas a la teoría de Vox del pucherazo electoral’. Bueno, lo primero es que en España todo el mundo, te caiga bien o no, tiene derecho a la acción judicial pero es que además en este caso hablamos de otra cosa. Porque lo que introduce en el censo electoral a más de 2 millones de personas es una instrucción política que corrige la voluntad explicita del legislador.
Si existe esa instrucción política es porque el legislador circunscribe los casos que podrían reclamar la nacionalidad y el voto a los exiliados que huyeron de la guerra o la represión de la dictadura. La instrucción amplía el supuesto hasta incluir a cualquiera que haya salido de España entre 1936 y 1955.
Lo que dice el Supremo es que la inscripción de estas personas puede suponer "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". Y es verdad que la mayoría querrán un valioso pasaporte español (o sea europeo), que muy pocos votan y a saber a quien votan… pero que supone meter en el censo a millones de personas, mínimo 2 millones de personas, y que eso afecta al proceso electoral es indudable y que es lo suficientemente delicado como para que eso no se haga mediante una instrucción política es innegable.
Dicen El País que el Supremo está abonando la idea de que hay españoles de primera y de segunda. Bueno, hay otras democracias que restringen la participación electoral a quien demuestra un vínculo que va más allá del genealógico, como el haber vivido allí, por ejemplo, o incluso vivir allí, sin que eso cuestione su calidad democrática.
Ahora bien, el Gobierno también debería medir un poco su respuesta. Porque cualquier ansiedad y urgencia puede resultar sospechosa y ante todo hay que preservar la credibilidad del proceso electoral.
