El Salón de Plenos del Tribunal Supremo volverá a convertirse este jueves en el escenario de la fotografía institucional que marca el comienzo del nuevo curso judicial. Pero esta vez, tras los saludos protocolarios y las intervenciones solemnes, el foco estará especialmente puesto en el contenido de los discursos y en los mensajes que puedan dirigirse, de forma más o menos explícita, a un Gobierno que mantiene abiertos varios frentes con los tribunales.
Felipe VI presidirá el acto de apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Palacio de Justicia, en una ceremonia en la que intervendrán la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. La Casa del Rey confirma que Perelló presentará la memoria anual sobre la actividad de los órganos judiciales y que Peramato expondrá la evolución de la Fiscalía, la criminalidad y las medidas destinadas a mejorar la eficacia de la Justicia.
La solemnidad del acto contrasta con el momento político y judicial. Dos asuntos especialmente sensibles han elevado la temperatura en las últimas semanas: la decisión del Supremo sobre las inscripciones electorales vinculadas a la llamada ley de nietos y el enfrentamiento institucional desencadenado por la investigación de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
El Supremo frena temporalmente parte del efecto electoral de la ley de nietos
La decisión más reciente del alto tribunal ha colocado al Ejecutivo ante uno de los primeros grandes asuntos del nuevo curso. El Supremo acordó el pasado martes suspender provisionalmente determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) relacionadas con la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como "ley de nietos".
La resolución no supone anular las nacionalizaciones obtenidas por esta vía ni establece que los españoles residentes en el extranjero pierdan su derecho al sufragio. La cuestión se centra en los efectos electorales de las inscripciones que se hayan realizado aplicando una interpretación administrativa sobre la acreditación de la condición de exiliado.
El tribunal ha establecido que la suspensión no afectará a quienes puedan acreditar ante los registros consulares que cumplen directamente las condiciones previstas por la ley. Además, ha ordenado que se diferencien los expedientes tramitados mediante los supuestos de exilio contemplados expresamente en la norma de aquellos que se beneficiaron de la interpretación posterior de la Administración.
El trasfondo de la controversia es de gran dimensión. Según los últimos datos oficiales recogidos por EFE, unos 2,4 millones de descendientes de españoles exiliados han solicitado la nacionalidad mediante esta vía; 544.722 expedientes habían sido aprobados y alrededor de 306.000 personas ya figuraban inscritas como españolas.
El asunto se ha convertido además en una batalla política. Mientras el PSOE ha rechazado que exista una manipulación del censo, el PP y Vox han presentado la resolución del Supremo como un freno a lo que consideran un incremento irregular del electorado exterior.
Ceuta añade un nuevo choque entre Interior y los jueces
El segundo gran foco de tensión se encuentra a cientos de kilómetros de Madrid. La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio ha provocado un enfrentamiento inusual entre Interior y el Poder Judicial.
El origen inmediato de la disputa está en la actuación de la jueza María Tardón, que dirige las diligencias. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó a Perelló su preocupación por la decisión de mantener bajo reserva determinadas informaciones elaboradas por agentes de la Policía que investigaban los acontecimientos y evitar que fueran comunicadas a sus superiores.
La respuesta de Perelló fue tajante en defensa de la independencia judicial. La presidenta del Supremo y del CGPJ sostuvo que la magistrada había actuado en el ejercicio de sus competencias y recordó que los órganos de gobierno de los jueces no pueden "aprobar, censurar o corregir" las decisiones adoptadas por los magistrados en el ejercicio de su función.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se sumó posteriormente al respaldo a Tardón y puso el acento en la necesidad de proteger la independencia de la magistrada frente a las críticas procedentes del poder político.
El episodio resulta especialmente delicado porque la investigación judicial se desarrolla en paralelo al debate político sobre la gestión de una crisis migratoria de enormes dimensiones. El Gobierno ha defendido que no existen evidencias concluyentes de que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva, mientras que la oposición reclama explicaciones sobre las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos.
Un acto solemne en un momento poco solemne
La apertura del año judicial debería ser, en esencia, una ceremonia institucional. El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que al comienzo del año judicial se presentan las memorias correspondientes a los tribunales y a la Fiscalía, antes de que quede oficialmente inaugurado el nuevo curso.
Sin embargo, el contexto ha convertido el acto en algo más que una fotografía protocolaria. Sobre la mesa están la controversia electoral vinculada a la nacionalidad de los descendientes de españoles, una investigación sobre una crisis migratoria de enorme impacto político y un nuevo episodio de fricción entre el Ejecutivo y los órganos judiciales.
Con Felipe VI como presidente de la ceremonia, Perelló y Peramato tendrán así una oportunidad para fijar el tono con el que la Justicia afrontará un curso que se presenta especialmente intenso. Más allá de las palabras concretas, el mensaje que se espera de la ceremonia será también una reivindicación de los límites entre poderes y de la necesidad de preservar la confianza en las instituciones en un momento de creciente confrontación política.
