La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha sido crítica con el pacto alcanzado con VOX para la formación de gobierno. Considera que incluye aspectos ilegales como el concepto de prioridad nacional para acceder a ayudas sociales, ya que va a segregar a la población aragonesa. Azcón continúa defendiendo ese principio, que se regirá por la legalidad con asignaciones basadas en el arraigo y no en la nacionalidad. Alegría, cree que Azcón va vendido sus principios al pacto con VOX y ve un gobierno inestable. Azcón acusa que Alegría de defender al Gobierno de España. Otra de las medidas polémicas que ha generado el enfrentamiento entre Azcón y Alegría ha sido la concertación de bachillerato.
Chunta también ha afeado a Azcón el haber llegado a un acuerdo con VOX y asumir un discurso racista en temas como la prioridad nacional. Desde el Partido Popular insiste en que todas las medidas que tomen en este asunto deberán contar con los informes favorables de los servicios jurídicos del Gobierno aragonés. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, cree que el PP se va a esconder detrás de esas resoluciones para no oponerse frontalmente a las ideas de VOX. Azcón ha defendido la independencia de los servicios jurídicos. El líder de Chunta cree que la petición de impulsar las obras pendientes en el Pacto del Agua y la intención para recuperar Biscarrués sólo busca revitalizar el proyecto del trasvase del Ebro. Azcón reitera su rechazo a esa transferencia de agua.
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, señala que el nuevo Gobierno aragonés depende mucho de los intereses nacionales y no de las necesidades de los aragoneses. Guitarte reclama mayor control en el desarrollo de las energías renovables, tras la judicialización del proyecto del Cluster del Maestrazgo. Azcón señala que la supuesta corrupción en el Caso Forestalia salpica al anterior gobierno y al Ministerio y que colaborarán para esclarecer los hechos.
En su intervención, la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha sido muy crítica con el pacto de Gobierno PP- VOX, al considerar que para esas formaciones políticas los derechos son un negocio.
