El gobierno de Zaragoza impulsará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para flexibilizar la construcción de vivienda en suelos privados y públicos a través de cinco nuevas herramientas. Se trata de cambiar la norma de 2001 para adaptarla a las necesidades actuales y paliar un problema que se sitúa como principal preocupación de los ciudadanos.
El objetivo de esta modificación “quirúrgica” y “pionera” es eliminar restricciones planificadas a principios de siglo, en plena burbuja, que han provocado que durante años haya suelos bloqueados, por ejemplo, en los barrios rurales. Allí se preveían 18.000 viviendas, pero sólo se han construido 42.
Ahora los promotores podrán reducir la edificabilidad en esas zonas del entorno de baja densidad, y compensarla dentro de la ciudad, dentro del límite de la Z40. Por ejemplo, en vez de tener que urbanizar suelo para las 1.000 viviendas, podrán levantar 50 unifamiliares en barrios rurales – o bloques más pequeños acordes a sus características tradicionales – y construir el resto en la ciudad u obtener distintas compensaciones a través de distintas herramientas legales. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha sintetizado que “la idea es pasar de macroplanes imposibles a desarrollos pequeños y viables”.
Otro objetivo es facilitar la construcción de vivienda pública de alquiler y las trabas que retrasan o impiden el impulso de proyectos. Por ejemplo, se permitirá iniciar la edificación sin necesidad de que todo el suelo esté urbanizado previamente. También la modificación del PGOU permitirá, previa aprobación de plan especial, la construcción de viviendas de alquiler en parcelas de equipamiento público, siempre que no tengan usos escolares o deportivos y sin reducir el espacio dedicado a los espacios públicos. Es decir, podría levantarse un edificio con un centro cívico o de mayores en el bajo o primeras plantas y construir viviendas públicas en los superiores.
Chueca se ha reunido con los alcaldes de barrios rurales para explicar esta modificación del PGOU que irá a comisión el 16 de febrero y que el gobierno prevé que este verano sea definitivamente aprobada.
