La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado 2025 dibuja una radiografía de Granada que va mucho más allá de los tribunales. El informe alerta de un aumento del 26,18% de los procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, de la expansión de los cultivos de marihuana en interiores y de la actividad de organizaciones criminales extranjeras. Al mismo tiempo, pone el foco en la violencia de género, el absentismo escolar, la delincuencia juvenil y los retrasos de hasta ocho meses en determinados informes psicosociales que afectan a procedimientos de familia.
Granada, ante una nueva dimensión del narcotráfico
El tráfico de drogas es uno de los principales puntos de preocupación que recoge la Fiscalía cuando analiza la provincia de Granada. Los procedimientos relacionados con este delito aumentaron un 26,18% en 2025, mientras que el cultivo de cannabis en interiores continúa extendiéndose.
La Fiscalía advierte además de un cambio en el perfil de las organizaciones que se encuentran detrás de estas plantaciones. El cultivo indoor está siendo desarrollado cada vez más por grupos extranjeros, entre ellos organizaciones de origen albanés, lituano y neerlandés, y el fenómeno empieza a estar asociado a estructuras criminales más violentas.
El informe apunta incluso a situaciones en las que estas organizaciones habrían llegado a expulsar violentamente a residentes de sus viviendas para hacerse con inmuebles destinados al cultivo.
No es una amenaza exclusivamente teórica. En junio de 2025, la Policía Nacional desmanteló en el área metropolitana de Granada un vivero clandestino instalado en una nave industrial con más de 8.500 esquejes de cannabis, además de unas 200 plantas madre. La instalación tenía una conexión ilegal a la red eléctrica para alimentar los sistemas de iluminación, calefacción y ventilación.
Y en septiembre del mismo año, la Guardia Civil detuvo en Alhendín a cinco personas de nacionalidad albanesa por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana. En una vivienda localizaron 270 plantas y 53 kilos de cogollos secos preparados para su distribución, además de documentación falsa y dinero en efectivo.
Son solo dos ejemplos de una sucesión de operaciones que permiten entender la dimensión de la advertencia de la Fiscalía.
De las plantaciones al fraude eléctrico y la seguridad
El cultivo de marihuana tampoco termina en el delito contra la salud pública. Las plantaciones indoor requieren grandes cantidades de electricidad y sistemas de iluminación, ventilación y climatización que con frecuencia se alimentan mediante enganches ilegales a la red.
En abril de 2025, la Policía Nacional encontró 1.440 plantas de marihuana en el sótano de un local comercial situado en la zona de los jardines del Triunfo, en Granada capital. La instalación disponía también de una conexión ilegal a la red eléctrica.
A finales de ese mismo año fueron desmanteladas otras cuatro plantaciones indoor en viviendas de la zona norte de Granada, con 990 plantas, además de esquejes y droga preparada para su distribución.
La fotografía que dejan estas operaciones coincide con la preocupación expresada ahora por la Fiscalía: la marihuana se ha convertido en mucho más que un problema de tráfico de drogas. Está relacionada con fraude eléctrico, utilización de viviendas y locales, estructuras organizadas y problemas de seguridad y convivencia.
Granada, entre las provincias con más uso de dispositivos para proteger a víctimas
Andalucía registró en 2025 16 feminicidios por violencia de género, uno de ellos en Granada. Pero la cifra adquiere otra dimensión cuando se observa junto a la realidad de las medidas de protección y los casos que se producen en la provincia.
Uno de los más graves fue el asesinato de Rosalía, de 54 años, en Motril el 24 de agosto de 2025. Su expareja la habría matado pese a tener una orden de alejamiento en vigor. La víctima estaba incluida en el sistema VioGén desde 2024 y había denunciado agresiones previas.
El caso plantea una de las cuestiones más incómodas que sobrevuelan también la Memoria de la Fiscalía: ¿qué ocurre cuando las herramientas de protección existen, pero no consiguen evitar una nueva agresión?
Granada cuenta con una importante implantación del sistema VioGén. A finales de 2025 había 2.864 mujeres con protección policial en la provincia, además de otras 24 en situación de riesgo, según los datos difundidos con motivo del 25N.
La dimensión del problema también quedó reflejada en otro procedimiento judicial de Granada. En 2025, un subinspector de la Policía Local fue detenido por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía respecto a su expareja, y el procedimiento continuó posteriormente en los tribunales. La Fiscalía y la acusación particular sostienen que habría quebrantado en varias ocasiones la medida impuesta en 2023.
La Memoria pone así el foco en algo fundamental: la protección de una víctima no depende de una única medida, sino de que funcionen de manera coordinada la valoración del riesgo, las órdenes judiciales, los dispositivos telemáticos, las fuerzas de seguridad, la Fiscalía, los juzgados y los servicios sociales, cuestiones denunciadas por colectivos feministas en la provincia como La Volaera:
La Volaera denuncia ante la Agencia de Protección de Datos los fallos de las pulseras telemáticas
Hasta ocho meses para un informe que puede decidir el futuro de un menor
La Fiscalía de Granada figura igualmente entre las provincias en las que los informes de los equipos psicosociales presentan unos plazos de emisión que oscilan habitualmente entre cuatro y ocho meses.
Estos informes pueden ser determinantes en procedimientos relacionados con custodia, régimen de visitas y conflictos familiares. El problema, por tanto, no es únicamente que un procedimiento tarde. La Fiscalía General del Estado advierte de que estos retrasos pueden dificultar la resolución de conflictos familiares y prolongar situaciones que afectan a los menores, mientras los tribunales esperan una valoración especializada.
En el ámbito penitenciario, la Fiscalía Provincial de Granada señala problemas recurrentes en la ejecución de la libertad vigilada postpenitenciaria, entre ellos las dificultades para localizar a las personas sometidas a esta medida, las presentaciones periódicas y los conflictos de competencia. Al mismo tiempo, destaca la elevada coincidencia de criterios entre el centro penitenciario, la Fiscalía, el juez de vigilancia penitenciaria y la Audiencia Provincial.
Preocupación por los menores y el absentismo escolar
La Fiscalía de Granada reclama que los programas dirigidos a menores de 14 años que cometen infracciones se extiendan a todos los casos y no únicamente a los considerados más graves. Actualmente, según la memoria, estos programas se aplican fundamentalmente en los supuestos de mayor gravedad, a través de programas especializados del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia.
La Fiscalía considera especialmente importante intervenir de forma temprana con estos menores para evitar una posterior deriva delincuencial y favorecer una adolescencia basada en la igualdad, la empatía y el respeto a las normas.
En materia de absentismo escolar, Granada figura entre las fiscalías que reclaman una mayor coordinación entre los operadores educativos, sociales y policiales para prevenir y atajar este indicador de riesgo.
Además, la memoria señala que en Granada, al igual que en otras provincias, se han puesto en marcha mecanismos de soluciones extrajudiciales y justicia restaurativa mediante equipos externos. La Fiscalía considera estas herramientas útiles para resolver conflictos, reparar a las víctimas y favorecer la reeducación de los menores infractores.
Aumento de matrimonios fraudulentos y parejas de hecho simuladas
El documento incluye también a Granada entre las provincias en las que se detecta una práctica reiterada y en aumento de matrimonios fraudulentos y parejas de hecho simuladas, utilizados dentro de determinadas redes relacionadas con la inmigración irregular.
En el ámbito de la prostitución y la explotación sexual, la memoria provincial de Granada reclama reforzar los medios de prueba para acreditar las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas. Entre las herramientas que plantea figuran los informes de organizaciones no gubernamentales y las grabaciones realizadas durante las entradas y registros de los domicilios donde se desarrolla la actividad, con el objetivo de documentar las condiciones de habitabilidad y posibles situaciones abusivas.
91 expedientes de cooperación judicial internacional, el 0,75% del total nacional
La Fiscalía Provincial de Granada registró en 2025 un total de 91 expedientes de cooperación internacional, equivalentes al 0,75% del total nacional. De ellos, 51 correspondieron a órdenes europeas de investigación y 30 a comisiones rogatorias, además de tres expedientes de reconocimiento mutuo pasivo. La Fiscalía se inhibió en seis asuntos, cuatro comisiones rogatorias y dos órdenes europeas de investigación.
Granada también aparece entre las fiscalías provinciales con mayor número de recursos de casación preparados: representa el 6,1% de los recursos preparados por las fiscalías provinciales, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Tarragona.
Delitos de odio y memoria democrática
La memoria recoge asimismo la celebración en Granada del IV Congreso de Discriminación y Delitos de Odio 'Actúa ante el Antigitanismo', impulsado por la Federación de Mujeres Gitanas Kamira.
En materia de memoria democrática, el documento menciona la participación de fiscales en actos de homenaje y reparación a víctimas en el Barranco de Víznar, uno de los lugares señalados expresamente dentro de las actuaciones desarrolladas durante 2025.
La Universidad de Granada aparece además vinculada a trabajos de identificación genética de restos recuperados en fosas de Córdoba, donde sus laboratorios analizaban muestras óseas para su cotejo con el ADN de familiares.
