La teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, Blanca Merino, ha anunciado que el equipo de Gobierno propondrá al Pleno la aprobación, con carácter inicial, de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, en una sesión extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre.
La primera modificación permitirá a los inversores, que quieran apostar por desarrollar algún proyecto en la ciudad, que genere riqueza y empleo en El Puerto, fraccionar las cantidades necesarias para financiar la ejecución de los sistemas generales, con el objetivo de que la Administración Local les facilite la ejecución de su actividad y no siga suponiendo un obstáculo en su gestión y viabilidad. Cabe destacar que los Sistemas Generales son aquellas Obras de Urbanización de Interés Público y Social en todo Desarrollo Urbanístico, como aportación del inversor. Igualmente se resuelve gracias a esta modificación un problema importante al que se enfrentan los inversores a diario y que impide que muchos de ellos no puedan invertir en la ciudad y descarten El Puerto, 'huyendo' a otros municipios colindantes como Jerez o Sanlúcar donde sí se les dan facilidades en este sentido.
Blanca Merino destaca que la modificación permitirá el fraccionamiento de las cantidades necesarias para ejecutar los sistemas generales, con el propósito de que sean viables económicamente los procesos de urbanización; sobre todo en aquellos casos en los que la envergadura del proyecto sea una cifra muy elevada y que, por tanto, sería inviable para la gran mayoría de los inversores en un único pago. Dicho abono tal y como está actualmente anularía por completo la viabilidad de la inversión. Esta ventaja, que redundará en un fomento de la actividad inversora en El Puerto y se adapta a la realidad económica del momento, es totalmente compatible con los objetivos e intereses municipales, porque permiten ejecutar los sistemas generales necesarios, al mismo tiempo que se vela por los intereses particulares de los inversores de los suelos a los que se les impone el deber de participar en su financiación, facilitándoles su abono y haciendo viable desde el punto de vista financiero la promoción de los desarrollos urbanísticos.
Actualmente se pueden fraccionar hasta en cinco años las deudas de entre 12.000 a 24.000 euros, cuando el mínimo establecido por Ley para presentar una garantía de pago comienza en 30.000 euros, cantidad que se instaurará a partir de ahora en caso de que se apruebe la modificación para contar con esa garantía.
